Pedro Morales
Con el mes de noviembre da inicio de lleno el proceso electoral de cara al 2018, sobra decir que en Tlaxcala habrá elección de senadores, diputados federales y diputados locales en un clima de opacidad como nunca antes.
Hay que esperar un mes para que en el informe de gobierno se nos diga que todo se lo llevaron los daños de los temblores, cuando la verdad es que los recursos que han llegado son federales y no hay justificante para otras tranzas.
Hasta ahora a once meses de este gobierno nada ha cambiado en el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos que llegan a Tlaxcala por parte del presidente Enrique Peña.
Es lamentable que la actual clase política que gobierna siga los mismos pasos de opacidad que inició hace seis años con esa promesa de que Tlaxcala sería una “cajita de cristal”, donde se rendirían cuentas claras al pueblo.
Pero pasaron los años y en lugar de que se transparentara el manejo de los recursos, la densidad del ocultamiento del manejo de dinero fue en aumento y más en los procesos electorales.
Es la hora en que los tlaxcaltecas no sabemos -por ejemplo- de cuánto es el gasto de propaganda en el área de comunicación social que en la pasada administración fueron cientos de millones tirados a la basura y desviados para los amigos de la prensa servil y de las ocho columnas diarias.
Ahora nos prometieron que habría un cambio, pero no hay fiscal anticorrupción y todo sigue igual, ya los diputados se van de campaña unos para la diputación federal y les valió un cacahuate el tema de la rendición de cuentas.
En Tlaxcala, como a nivel nacional, fue instalado fast track el Sistema Nacional Anticorrupción, porque es una demanda de la sociedad y es una exigencia para controlar, prevenir y castigar la corrupción.
En el territorio tlaxcalteca inicia sin su Fiscal Anticorrupción y con preocupantes señales de que será dependiente o satélite de los tres poderes, en particular del Ejecutivo.
Históricamente para nadie en Tlaxcala es un secreto que los entes públicos tratan a toda costa de que sus acciones no se transparenten, ni mucho menos que se hagan públicas desde sus declaraciones patrimoniales, hasta los detalles en la aplicación de los recursos públicos y sus resultados.
Más cuidado que un secreto de estado, es la contratación de proveedores, del pago con recursos del pueblo de la publicidad oficial en medios impresos, electrónicos o digitales, de servicios profesionales de consejeros que cobran sueldos multimillonarios como asesores internos o externos.
AGUAS DE CORRUPCIÓN
Los tres poderes y los municipios navegan en aguas de corrupción e impunidad, en cuanto hace a la rendición de cuentas; por un lado se ubica a un Poder Ejecutivo que ya no rinde cuentas al pueblo abiertamente.
Solo por abajo de la mesa el gobernante pasa su informe anual de labores a los diputados locales en el Congreso local, por escrito, que es guardado bajo siete llaves por los empleados legislativos que impiden una glosa o su consulta pública.
En el último sexenio se ha estilado que el Ejecutivo manda un mensaje político en ceremonias faraónicas a las que no tiene acceso el pueblo de Tlaxcala, que se supone es el destinatario del esfuerzo de sus gobernantes.
Al inicio de su gestión, el titular del Ejecutivo, Marco Mena envió a los diputados su iniciativa donde propuso la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, derivado del acuerdo federal, como la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales.
Supuestamente para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, sistema que constará de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.
De la iniciativa también destaca la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y que estará integrado por tres magistrados.
Se propone la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial y de interés ante la autoridad competente, de acuerdo a la ley de la materia.
Además la prescripción para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se trate de faltas administrativas no graves sea de tres años, y tratándose de faltas graves o particulares sea de siete años.
Incluso, el Gobernador Mena planteó que los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos de control interno para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa.
Como era de suponerse y al filo del último minuto, los integrantes de la LXII legislatura local aprobaron fast track, la iniciativa del Mandatario que en los hechos habrá que esperar a que funcione.
Aunque el Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana están condenados a ser un ente más al servicio del gobernador en turno y de algunos partidos políticos.
El resultado visible es la complicación de la transparencia con la creación de entes fiscalizadores que son un cero a la izquierda, es el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Iaip).
Sus consejeros integrantes cobran sueldos puntualmente cada quince días organizando conferencias, galerías de fotos, exposiciones itinerantes, campañas de orientación sin resultados, asesorías o capacitaciones.
Sin embargo es la hora en que ningún “ente” que a ojos vistos haya cometido actos de corrupción ha sido puesto tras las rejas y ni siquiera en sospecha, por lo que el Iaip es considerado un gasto que no se justifica porque no da resultados.
Por otro lado, está claro, que desde la creación del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), desde hace casi 15 años, ha servido para solapar excesos, desde donde diputados locales avalan para que sea más sólido el paraíso de la corrupción e impunidad en Tlaxcala.
El Poder Legislativo es el que supuestamente sanciona y vigila a todos, pero que nunca se ha permitido rendir cuentas de sus actos, sobre todo si se trata de transparentar sus dietas que deberían ser publicitadas.
PURAS CHICANADAS LEGISLATIVAS
Con chicanada tras chicanada, los 25 diputados solapan las irregularidades de las cuentas públicas, y ni se diga de los partidos políticos, mucho menos abren sus cuentas a los entes fiscalizadores de recursos para “gestión social” de los que pocos rinden cuentas en qué los aplican.
El Poder Judicial no se queda atrás, los sueldos de jueces y magistrados tampoco son transparentados a satisfacción, mucho menos son públicas las formas de cobro al ciudadano por ventilar un juicio.
Menos hay transparencia ni intención por aplicar una sentencia o por hacer públicas las fianzas que imponen a homicidas, defraudadores, violadores, secuestradores y demás ralea delincuencial que dicen compran la justicia impunemente.
Nadie deja huella de su actos, si se toma en cuenta que de entrada las contralorías internas dedican sus esfuerzos diarios en ocultar los malos manejos, en la historia reciente no se sabe sobre alguna sanción o inhabilitación de algún funcionario por corrupto.
Es algo similar a lo que ocurre con los llamados juicios políticos, que ahí están y que son semejantes a las recomendaciones de los derechos humanos y en Tlaxcala, el asunto de la transparencia es como las llamadas a misa.
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Tlaxcala, Carlos Carreón Mejía, el secretario general Víctor Fernández, el director jurídico del PAN Juan Carlos Texis, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado: Carlos Morales y Guadalupe Sánchez denunciaron que el Sistema Estatal Anticorrupción solo responde a un ejercicio puesto a modo para el gobernador del estado, Marco Mena.
Señalaron que la ley aprobada por el PRI y sus aliados, carece de valides, toda vez que presenta artículos que se contraponen con la ley general en la materia; por lo que señalaron, iniciarán el procedimiento para declarar una acción de inconstitucionalidad respecto al Sistema Estatal Anticorrupción para el estado de Tlaxcala.
El grupo parlamentario del PAN señaló que se cae en el supuesto de inconstitucionalidad debido a que el órgano de impartición de justicia administrativa debe ser dotado de completa autonomía, mientras que la reforma aprobada establece que este organismo obtendrá su presupuesto del Poder Judicial del Estado.
En el mismo sentido lamentaron que para nombrar a quien encabece la titularidad de los órganos internos de control, de los órganos constitucionales autónomos, se requiera solamente de las dos terceras partes de los diputados presentes en una sesión, partiendo del quórum legal y no del total de los diputados que integran la legislatura, es decir: “existiría la posibilidad de aprobar al titular con solo nueve diputados”.
Lamentaron la falta de compromiso del Grupo Parlamentario del PRI y sus aliados, para trabajar en favor de los tlaxcaltecas, y se limiten a hacer leyes al vapor que le permitan al Ejecutivo local, tener control sobre los órganos legalmente establecidos en la Constitución.
AL VAPOR
Los diputados locales integrantes de la LXII legislatura aprobaron de {ultima hora y por mayoría de votos el Sistema Estatal Anticorrupción desde la Constitución del estado que fue propuesto por el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena.
Los cambios a la Constitución local fueron avalados por los diputados del PRI y sus aliados, mientras que los legisladores panistas se pronunciaron en contra de las reformas que proponen la creación del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Argumentan que el TJA, será dependiente del Poder Judicial y el Congreso sea quien designe a los contralores internos de los organismos autónomos, con la aprobación del mencionado sistema se eliminó la figura de Sistema de Ética e Integridad que inicialmente había propuesto el Congreso local.
Dentro de los cambios legales se crearon la figura de un Fiscal Anticorrupción, un Consejo Ciudadano que vigilará la aplicación de la norma y un Consejo Coordinador para instaurar el sistema.
Por lo que respecta al Tribunal de Justicia Administrativa este formará parte del Poder Judicial y a él se incorporará el magistrado Elías Cortés Roa, presidente de la Sala Administrativa del TSJE que desaparecerá.
Los dos magistrados será electos por el Congreso del estado una vez que reciban las propuestas que deberá enviar el gobernador.
También, los integrantes del Congreso validaron una adición para que ahora los diputados en turno designen, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del estado.
Pese a la pretendida autonomía, la propuesta, que en su momento emanó del Ejecutivo local, prevé que los integrantes del nuevo Tribunal propondrán su presupuesto al presidente del TSJE para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del estado.
El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares del OFS del Congreso del estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado (IAIP); del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado y por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá.
Respecto al Comité de Participación Ciudadana, éste estará integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Todos van a ser designados en los términos que marca la ley, aunque no establecen, como en muchos de los casos, la forma de elección o designación, pues todo ello será tema de las reformas a diversas leyes o creación de nuevas normas.
ASUNTOS PENDIENTES
A nivel nacional en medios de comunicación se exhibió al ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur junto a ex gobernadores que han sido señalados como “transas”.
Esto por haber causado en el periodo 2011-2016 un daño patrimonial a la Secretaría de Salud (SESA) por 71 millones de pesos, lo que se adhiere a la suma global que reportó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que indica una cifra por mil 541 millones 400 mil pesos hasta el 2015.
En la investigación sobre los gobernadores corruptos, Mariano González aparece sólo con el daño patrimonial hecho a la SESA, sin que se especificara la cifra total que se manejó hasta febrero de este año, la cual era de mil 541 millones 400 mil pesos.
El ex gobernador de Tlaxcala salió bien librado comparado con mandatarios de otras entidades que han estado en los reflectores por los millonarios desvíos hechos en sus respectivos estados, no obstante, el daño patrimonial sólo se refiere a aquello que no se pudo maquillar o demostrar, los números reales pueden ser aún más abultados.
Para el periodo 2011- 2014, el ex gobernador tenía pendientes 975 millones de pesos de los que pudo justificar hasta enero de este año 429 millones de pesos, quedando pendientes 545 millones 900 mil pesos, además de lo que corresponde al importe de procedimientos resarcitorios que asciende a 157 millones de pesos.
Sólo para 2015 la observación fue por 838 millones de pesos, dando una suma total de mil 541 millones 400 mil pesos.
La prensa nacional reveló la simulación de reintegros, pago a aviadores, sobreprecios en las contrataciones de bienes y servicios, malversación de fondos y pagos no justificados son algunas prácticas en las entidades de la República
Los gobiernos de 26 entidades federativas incurrieron en actos de corrupción que implicaron un daño al patrimonio federal y estatal por 245 mil 895 millones 62 mil 848.16 pesos.
Del 2007 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 273 denuncias en contra de estos 26 estados, por afectaciones al erario federal que implican 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos.
Fenómenos como la simulación de reintegros, que consiste en tomar dinero de una partida para cubrir otra y cuando la ASF lo detecta, el gobierno lo repone, pero días después lo vuelve a retirar, es practicada por las 32 entidades federativas y desde 2011 involucra a un total de 221 mil 182 millones 500 mil pesos, pero hasta el momento sólo 14 entidades fueron acusadas penalmente por irregularidades que involucran un total de 39 mil 700 millones 297.20 pesos.
Despedir trabajadores, pero mantenerles el pago como si estuvieran activos; reportar la compra falsa de chalecos para policías, solicitar millones de pesos a la Federación para construir un puente que ya existía, comprar medicinas a sobreprecios, pagar aviadores, erogar por servicios de lavandería que no fueron realizados, pagar licencias sindicales que por ley no tienen derecho a ingresos, son algunas de las cientos de prácticas de corrupción en que incurren los gobiernos de los entidades federativas.
Los actos de corrupción que implicaron el daño patrimonial federal por 203 mil 850 millones de pesos y los relacionados con el erario estatal por 42 mil 44 millones 466 mil 88.97 pesos, fueron cometidos por gobiernos emanados de todos los partidos.
De las 26 entidades donde se detectaron estos actos de corrupción, en 19, como son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas… Y POR SUPUESTO TLAXCALA.
