Por Pedro Morales
Ya transcurrieron dos años de la desaparición física de la niña Karla Romero Texmol, unos hombres la subieron a un auto a solo unas calles de su casa en San Pablo del Monte, se dirigía a su escuela y nunca llegó.
Un año al final del mandato de mariano González y otro año de Marco Mena y tal pareciera que el tiempo no pasa, son dos años sin resultados y más de lo mismo, el caso paso a formar parte de la enorme pila de “carpetas de investigación” o lo que es lo mismo de casos sin resolver.
Ante el hecho, organizaciones no gubernamentales convocan a familias de desaparecidos que han vivido la negligencia del gobierno del Estado de Tlaxcala y su Procuraduría a romper el silencio, denunciar públicamente y organizarse.
Exigen a la PGR que se reinicien líneas de investigación sobre servidores públicos de Tlaxcala que han obstaculizado las investigaciones sobre el paradero de Karla Romero Tezmol,
Dijeron que si realmente el procurador Tito Cervantes no puede con este y un centenar de casos más, pues QUE RENUNCIE porque no da resultados, en la evaluación de la realidad está reprobado.
Solicitan al Congreso del Estado catalogar el corredor Tlaxcala – Puebla como zona de emergencia, y llamar a comparecer al Procurador del Estado, y a servidores públicos involucrados en las investigaciones, omisiones, y violaciones a los derechos humanos.
Realizan llamado de atención a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala para agilizar las investigaciones, generar mecanismos de protección, monitoreo y acompañamiento para la familia de Karla Romero.
El tema de desaparición de personas, sobre todo mujeres jóvenes en los estados de Tlaxcala y Puebla, así como la ola de feminicidios es un tema creciente en medios de comunicación, pero no en la vida de las familias que viven en el corredor Puebla – Tlaxcala.
El caso de Karla Romero Tezmol no es un hecho aislado, representa el peregrinar institucional de las familias de desaparecidas, la impunidad, las deficiencias en las investigaciones, y la falta de capacidad de servidores públicos para desempeñar sus cargos con apego a los derechos humanos, la debida diligencia, y constitucionalidad.
Tlaxcala tiene un común denominador en la mayoría de los casos de desaparición, las víctimas son mujeres y menores de edad, situación que levanta sospechas debido a que la mayoría de tratantes de personas, -principalmente con fines de explotación sexual y precisamente se ha señalado que son originarios de Tenancingo y San Pablo del Monte ubicados en el Estado de Tlaxcala, algo que las autoridades han minimizado.
Siendo un foco rojo en tráfico de personas, desaparición y trata de personas, Tlaxcala no cuenta con servidores públicos capacitados en atención a víctimas e investigación de delitos vinculados con la delincuencia organizada y violencia contra niñas y mujeres.
No cuenta con una fiscalía especializada en temas referentes a desaparición, trata, ni con protocolos de búsqueda urgente y localización con vida.
Aunado a lo anterior, existen funcionarios públicos que mediante acciones y omisiones han obstaculizado la búsqueda urgente y localización con vida de Karla Romero, por lo cual solicitamos a PGR que se inicien nuevas líneas de investigación sobre las y los funcionarios que han retrasado la investigación en el caso, pues el modus operandi y el patrón de conducta de las redes de trata se sigue manteniendo intocado ante este tipo de actuaciones de la autoridad.
DOS AÑOS DE INEFICIENCIA DE LA PGJE
Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, desapareció en el trayecto a su escuela, ubicada a unas cuadras de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte.
Según testigos de los hechos, la niña fue sustraída por los tripulantes de un vehículo negro, a la altura de la calle 20 de Noviembre, lo cual fue registrado por una cámara de vigilancia particular, instalada en un negocio de esta vialidad.
Estas imágenes, sin embargo, se perdieron definitivamente, debido a que la Procuraduría estatal erró la fecha de los videos al solicitarlos al dueño de la cámara que los captó y, en consecuencia, las autoridades no obtuvieron la grabación del 13 de enero, sino la del día siguiente.
Para el momento en que este error fue detectado, las imágenes correspondientes al día del secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado.
“La familia de Karla fue la que detectó la existencia de esa cámara –señala en entrevista Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social–, oportunamente dio aviso a la Procuraduría y los policías fueron a solicitarle el video al dueño del negocio, quien lo facilitó inmediatamente.
El video que la Procuraduría le mostró a la familia de Karla no registra nada, no se ve a Karla pasar, ni a su hermanito, que poco después hizo el mismo recorrido, para dejarle llevarle el lonche.” Cuando los padres de Karla detectaron esta anomalía, revisaron la fecha del video y se dieron cuenta de que, en realidad, no correspondía al día en que Karla fue raptada.
“Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los videos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto que no le habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió, por incompetencia de la policía”, señala la abogada.
Evidencias ignoradas
La destrucción de estas evidencias se suma a una larga cadena de irregularidades, cometidas por las autoridades.
En primera instancia, a pesar de que la desaparición de Karla fue reportada horas después de su rapto, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a emitir la Alerta Amber durante los siguientes 21 días.
La Alerta Amber, cabe destacar, obliga a difundir el rostro y los datos de identificación de aquellos menores de edad secuestrados, extraviados, desaparecidos, o cuya ausencia es indicio de que pueden ser víctimas de algún delito, y se trata de un protocolo cuya efectividad depende de que sea activado en las primeras horas tras la desaparición.
“La Alerta sirve para que las y los niños puedan ser detectados en centrales camioneras, en salidas carreteras, el aeropuertos, su objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen… Pero en el caso de Karla no ocurrió así: la Procuraduría de Tlaxcala les dio 21 días a los secuestradores para que sacaran a la niña del estado, y ya que había pasado todo ese tiempo, emitieron la Alerta, pero sólo como trámite”, destaca la abogada.
Ante esa respuesta omisa, la familia de Karla elaboró volantes con su fotografía y datos de identificación, para repartir por cuenta propia en Tlaxcala y Puebla, e incluso esto fue motivo de una reprimenda: “La Procuraduría le reclamó a la familia andar volanteando en casetas carreteras, les dijo que con eso ponían en riesgo la vida de Karla, que se atuvieran a las consecuencias, y que se atuvieran a los daños psicológicos que eso les iba a ocasionar… Pero lo que en realidad no querían las autoridades del estado es que este caso se diera a conocer públicamente”, destaca la abogada.
Otra de las irregularidades denunciadas por la familia de Karla es que, hasta la fecha, la Procuraduría tlaxcalteca se ha negado a iniciar una averiguación previa por los hechos, a pesar de que existen testigos del secuestro, y de que los familiares recibieron llamadas anónimas de los presuntos plagiarios.
Incluso, la familia recibió informes anónimos de que Karla estaba siendo explotada sexualmente en la zona de prostitución tolerada en la capital de Puebla, entidad con la que colinda el municipio donde la menor fue secuestrada.
La Procuraduría de Tlaxcala, sin embargo, desestimó toda esa información y, hasta la fecha, “se niega a iniciar una averiguación y a abrir una carpeta de investigación. Por ahora, en Tlaxcala sólo hay un ‘acta circunstanciada’, es decir, una hoja que dice que la familia fue a denunciar la desaparición y ya… eso es equivalente a nada”, se lamenta la abogada.
Simulación y montajes
Cada vez que los papás de Karla recibieron llamadas anónimas lo reportaron inmediatamente a la Procuraduría estatal. Pero ahí “nos decían que no hiciéramos caso, que eran llamadas de extorsión… nunca investigaban, sólo descartaban la información que les dábamos”, señala la señora Olga Tezmol, mamá de Karla.
“Por eso, cuando nos hablaron (de forma anónima) para decirnos que a Karla la tenían en el Hotel Río, en la calle 14 Oriente, de Puebla, decidimos no decirle a la Procuraduría, sino que fuimos directamente a ese lugar y cuando llegué fue horrible ver lo que había ahí: decenas y decenas de muchachitas y adolescentes, niñas de 16, de 15, y más pequeñas, siendo prostituidas en la calle, a la vista de todos; y en las esquinas, gente vigilándolas.
Unos familiares se hicieron pasar por hombres que buscaban un servicio sexual y se acercaron a unas muchachas, ellas les dijeron dos cosas: que no podían salirse de la 14 Oriente, que no lo tenían permitido, y que tampoco podían en ese momento dar servicio en su hotel (el Río), porque estaban esperando que llegara un operativo.”
Efectivamente, destaca la abogada Miriam Pascual, ese día, 2 de febrero, a través de un oficio formal, la Procuraduría de Tlaxcala había solicitado a su homóloga de Puebla que realizara una inspección en el Hotel Río, en busca de Karla, pero queda algo sin aclarar: ¿cómo hicieron las autoridades de Tlaxcala para determinar que Karla estaba en el hotel Río?
Esta inconsistencia la expone con mayor claridad la mamá de Karla: “Cuando las prostitutas le dijeron a mis familiares que estaban esperando un operativo en el hotel Río, decidimos retirarnos, estábamos muy confundidos. Se nos hacía muy raro todo, porque ¿cómo que iba a haber operativo, si no habíamos dicho a nadie sobre la llamada que habíamos recibido? O sea, la Procuraduría de Tlaxcala estaba respondiendo ante una información que todavía no les proporcionábamos… Y lo peor es que estaba respondiendo pero sólo de forma simulada, porque antes de realizar el operativo, se les avisó a las mafias que explotan a las muchachitas, para que tomaran sus previsiones”.
Por parte de las autoridades tlaxcaltecas la búsqueda de Karla sólo ha sido “simulada”, destaca la abogada Miriam Pascual, y pone un ejemplo: “A finales de febrero tuvimos una reunión con la exprocuradora estatal, Alicia Fragoso, en donde nos notificó que habían realizado un rastreo con 100 elementos en barrancas del estado. Pero, si no hay una carpeta de investigación, tampoco hay líneas de investigación, y sin éstas: ¿cómo determinas en qué lugar buscar? Salir a buscar así, a ciegas, eligiendo al azar los puntos de rastreo, es sólo simular que buscas”.
Culpar a la víctima
En ese mismo encuentro con la exprocuradora tlaxcalteca, destaca Miriam Pascual, el director de Servicios Periciales, Nahu Juárez Meza, “nos notificó que están realizando una ‘necropsia psicológica’ de Karla, y eso nos parece muy negativo, porque este análisis suele usarse en México para responsabilizar a la víctima de los agravios que sufrió. Por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, la necropsia psicológica fue la prueba usada por la Procuraduría del DF, para afirmar que Digna se suicidó. Igualmente, la necropsia psicológica fue la herramienta usada por las autoridades del Estado de México para convertir el feminicidio de Mariana Lima en un suicidio.”
Esta herramienta pericial, señala la abogada, “en México se usa solamente para responsabilizar a la víctima, se usa para decir: ah, es que estaba loca, tenía trastornos, y por esta vía quitarle la calidad de víctima. Y nosotros presumimos que eso es lo que quiere hacer Tlaxcala en el caso de Karla: quieren hacer pasar a la menor como una niña caprichosa, que se fue de casa, y que eso es culpa de los padres”.
A su casa arribaron tres peritos de la Procuraduría de Tlaxcala, un criminólogo, una psicóloga y una trabajadora social, para formular lo que ellos denominaron “consultas de rutina”.
Las preguntas que formulan los peritos, sin embargo, sorprenden a todos: “¿Karla menstrúa? ¿Karla tiene novio? ¿Karla es muy enojona?”
Es decir, detalla la abogada Miriam Pascual, que a pesar de que hay testimonios y evidencias que señalan a que Karla fue raptada, posiblemente con fines de explotación sexual comercial, la Procuraduría estatal insiste en su hipótesis inicial: que la niña se fue con el novio.
–¿Karla tenía novio? –se pregunta a su mamá.
–No… Karla es una niñita, todavía juega con muñecas, es una niñita de primaria… Pero suponiendo, sin conceder, que así fuera, que Karlita tenía novio y se escapó con él, eso en realidad no cambia nada: Karla es una menor de edad y no aplica ninguna clase de consentimiento.
Si Karla se fue con alguien, esa persona está cometiendo un delito, y Karla está siendo su víctima.
Y si ese fuera el caso, de todas formas, la Procuraduría tiene la obligación de actuar, en vez de permanecer con los brazos cruzados.
Pero, Karla no se fue por su propia voluntad, Karla no se fue con el novio, Karla no huyó… a Karla se la llevaron, y ya transcurrieron dos años y seguimos sin saber nada de ella.
