Pedro Morales
Con las huellas de la violencia en el rostro, la boca seca por el coraje y la impotencia, pero convencido de que las cosas marchan muy mal en Tlaxcala, el diputado local del PRD y ex aspirante a la candidatura al Senado, Alberto Amaro Corona fue contundente al pedir al gobernador Marco Mena que si no puede con el cargo que renuncie.
Aquí su intervención textual en tribuna que la mayoría de medios maquillaron, ocultaron o ni la tomaron en cuenta:
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA:
Desde esta Tribuna externo mi reconocimiento y agradecimiento al Licenciado Aarón Pérez Carro, Procurador General de Justicia del Estado, por sus atenciones hacia mi familia y a su servidor y por el profesionalismo en su desempeño.
Dicen que no se alza la voz sino hasta cuando las cosas le suceden a uno; sin embargo, no es mi caso.
Como ustedes saben, la madrugada de ayer mi familia y yo fuimos víctimas de un asalto a mano armada, perpetrado por alrededor de 20 sujetos, quienes con armas largas y de grueso calibre entraron a mi domicilio provocando el estupor, la angustia, la impotencia y el coraje reprimido.
Quienes han padecido este tipo de situaciones violentas comprenden muy bien lo que digo y quisieran que a nadie le llegara a suceder ni se volviera a repetir.
Afortunadamente no ocurrió nada que lamentar en cuanto a la integridad física de mi familia y de su servidor, pero no por ello la situación no es menos grave.
El clima de violencia y de inseguridad que vive el país y Tlaxcala en particular, se refleja en cada transeúnte asaltado, en cada casa habitación asaltada, en los robos con violencia, en los homicidios dolosos y con saña, en cada niña y niño desaparecido, en la enorme cantidad de autos robados todos los días, en cada uno de los más de 35 mil muertos en el país, solo por lo que hace al 2017.
Hoy le tocó a mi familia, lo que no implica que esté exenta de cualquier otro atentado; pero mañana, hoy, en este momento, seguramente alguna otra persona está siendo víctima de este clima de inseguridad y de violencia que padecemos, sin que haya forma de evitarlo.
La inseguridad y la violencia se han vuelto algo cotidiano, los noticieros y la opinión pública le destinan un tercio de sus notas, sino es que más; las revistas y los periódicos más serios, le dedican buena parte de sus análisis y comentarios; incluso ya hay especialistas en (in)seguridad pública.
Los candidatos y los partidos en los actuales procesos locales y federal, tomarán la inseguridad, la impunidad y la corrupción, como materia de discursos, promesas y proyectos románticos, sin que se ofrezca un análisis y unas propuestas basadas en la realidad más cruda, la cual se refleja en una ineficacia de las diversas autoridades para atender el fenómeno de la inseguridad, y en la molestia generalizada de la sociedad cuando, después de ser víctima de la delincuencia, debe de mantenerse callada y sumisa ante la falta de una política de Estado que tenga como objetivo acabar con la inseguridad y la corrupción.
Actualmente carecemos en nuestro país de una política de Estado que tenga como objetivo, no solo atender la inseguridad con más policías capacitadas, profesionales y confiables, sino cómo darle a la sociedad alternativas de ocupación y de educación que tiendan a socavar el avance de la delincuencia y de los vicios entre los jóvenes de nuestro país.
Desde esta Tribuna, de manera formal y ordenada, he solicitado en dos ocasiones junto con los compañeros de mi bancada, la comparecencia ante esta Soberanía del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, el cual debe ser portavoz de las políticas públicas en materia de seguridad que el Gobierno del Estado está realizando o está en vías de instrumentar, pero dichas Iniciativas duermen el sueño de los justos, mientras que la realidad injusta de la delincuencia avanza.
¿A qué le teme el Gobernador del Estado, para no autorizar la comparecencia del Comisionado de Seguridad Pública?
La seguridad no es un asunto que deba reservarse el gobierno, es un asunto que nos compete a todos, porque todos la padecemos.
No digo que no se esté haciendo nada, pero la actuación de las políticas de seguridad pública no se reflejan en Tlaxcala en actuaciones con resultados positivos. En Tlaxcala
¿Cuántos muertos llevamos en dos meses y medio del año 2018? ¿30? ¿40?
Cuántos robos a vehículos llevamos.
Cuántos asaltos a transeúntes y a casas habitación con violencia llevamos.
Ojalá fueran los menos, pero todos los días los medios de comunicación nos informan de muertos “aventados”, de comandos asaltando, o la comisión de un sinfín de delitos.
Parece que el Gobierno del Estado no tiene una política eficaz contra la inseguridad, o bien, no quiere atender a fondo esta problemática.
¿Qué espera el Gobernador para actuar?
Hay que preguntarse cómo se están ejerciendo los fondos federales destinados a la seguridad pública.
Para el ejercicio fiscal 2018, Tlaxcala tiene destinados alrededor de 20 mil millones de pesos, 2 mil millones más del presupuesto original de poco más de 18 mil millones que aprobó este Congreso a fines del año pasado. De esos 20 mil millones, 9,277 millones están destinados al Ramo 33, ubicándose en este Ramo el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México (FASP); además, los municipios reciben a través del FORTAMUN recursos para atender la seguridad pública.
De los recursos anteriores es necesario que la sociedad tlaxcalteca sepa qué tanto y para qué se invierte en seguridad pública.
Es prioritario ampliar la red de inteligencia policiaca, si es que la hay, para ubicar los focos rojos delincuenciales y ver cómo se está atendiendo esta problemática.
Es necesario saber qué tan confiables son los cuerpos policiacos, cómo está su capacitación, sus niveles de confianza y su desempeño.
Por lo que hace a los municipios, el mejoramiento de los policías, tanto en capacitación, salarios y equipamiento son igualmente prioritarios.
No es posible como sucedió ayer en Papalotla, que dos policías y solo uno de ellos con un arma corta, sin chalecos antibalas, se enfrenten al comando que asaltó mi domicilio, llevando éstos armas largas y de grueso calibre.
No es posible que actualmente, contando con los avances de la tecnología, no existan cámaras de vigilancia pública.
Tampoco debiera ser el que no haya una respuesta inmediata, coordinada, entre la policía municipal y la policía estatal para atender de manera inmediata situaciones como ésta.
Los presidentes municipales, como el de Papalotla, lejos de jactarse que con pocos elementos, mal capacitados y mal entrenados, manden a sus mal pagados policías a enfrentarse a delincuentes organizados y con mejores y más armas, poniendo en peligro a sus propios policías, debieran de preocuparse por destinar los recursos necesarios para atender el principal problema que tenemos hoy en México, que es el de la inseguridad pública.
Al principio de esta intervención decía yo que no es mi caso el de alzar la voz hasta cuando mi familia y yo mismo hemos padecido la cruda realidad de la inseguridad pública, porque en diferentes intervenciones, además de solicitar la comparecencia del Comisionado de Seguridad Pública ante este Congreso, he denunciado el alto índice de delincuencia que ya existe en Tlaxcala, con el temor creciente de los tlaxcaltecas de perder no solo sus pocos bienes, sino la tranquilidad de vivir en paz y de perder la vida misma.
Pero ante esos llamados y otros más que han formulado algunos de mis compañeros diputados, el Gobernador parece tener oídos sordos, porque no solo no hay respuesta ante las peticiones de este Congreso, sino que tampoco vemos que haya una respuesta efectiva de la policía preventiva.
Los retenes, aunque inconstitucionales, son una medida, pero no sabemos qué tan efectiva sea, es decir, ante el embate de la delincuencia sabemos que nuestros policías y los programas de seguridad pública que implementa el Gobierno del Estado son, en realidad, ineficaces.
Está llegándose a un punto en que la sociedad civil, la población misma, se organice por sí misma para crear sus propias medidas de seguridad, rebasando las que haga el gobierno, lo que implica llegar al extremo de la ingobernabilidad.
Pero no solo es la ineficacia del gobierno ante la inseguridad, es también ineficaz para atender los problemas políticos, como el suscitado ayer mismo en Ixtenco.
Tantas horas de enfrentamiento y tantos lesionados, como si fuera una guerra civil, solo hablan de la incapacidad de la Secretaría de Gobierno y del Gobernador mismo de resolver un problema social y político, el cual jamás debió llegar a la violencia.
Si antes de ayer, en mi calidad de representante popular, he hechos llamados para atender pronta y eficazmente el problema de la inseguridad pública, hoy al ser víctima de dicha inseguridad, sumo aún más mis modestos esfuerzos para exigir no solo la comparecencia de los funcionarios involucrados directamente en el combate a la inseguridad, como lo son el Comisionado de Seguridad Pública y el Secretario de Gobierno, sino a que se nos presente y se ejecute un programa distinto al que se tiene para combatir la inseguridad con eficacia, profesionalismo y confiabilidad.
Va a llegar el momento en que los tlaxcaltecas no solo alcen la voz, sino que actúen por sí mismos, pues su vida y la de sus familias, sus bienes y sus trabajos, son su prioridad.
Los tlaxcaltecas merecemos vivir en paz con gobiernos capaces y eficientes.
Mi solidaridad con los tlaxcaltecas y los mexicanos que han padecido y padecen la inseguridad pública. Los tlaxcaltecas podemos organizarnos y lo haremos en su momento, nuestros hijos lo merecen.
A todos mis amigos y compañeros, mi agradecimiento y el de mi familia por sus muestras de solidaridad.