22/03/2018/Pedro Morales
En la sesión ordinaria de este jueves, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso ante el pleno del Congreso local solicitar al gobernador Marco Mena Rodríguez, autorice las comparecencias del comisionado estatal de seguridad, Hervé Hurtado Ruiz y del secretario de gobierno, Tito Cervantes Zepeda.
Fue el diputado perredista, Alberto Amaro Corona, argumentó que las comparecencias son necesarias, ante la ola de asaltos, robos a particulares y de vehículos, desaparición y trata de personas, así como de homicidios dolosos que han aumentado en Tlaxcala.
Durante su exposición de motivos, Amaro Corona dijo que el clima de inseguridad pública que se está viviendo en Tlaxcala, “nos obliga a presentar nuevamente la Iniciativa por la cual se solicita al Gobernador del Estado, autorice la comparecencia tanto del Secretario de Gobierno como del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, ante esta Soberanía”.
Refirió que como es del dominio público, ante la ola de asaltos, robos a particulares y de vehículos, desaparición y trata de personas, así como de homicidios dolosos, los tlaxcaltecas estamos ante el temor de que en cualquier momento alguno de nosotros seamos presa de la delincuencia común o de la organizada.
Puntualizó que tan solo en homicidios dolosos, en el mes de febrero de este año, hubo 16 muertes, y entre enero y febrero ha habido 29 homicidios, lo que implica el doble de homicidios cometidos en los mismos meses de 2017, donde hubo 17 de ellos; lo anterior sin considerar los que van en el mes de marzo, donde apenas el día de ayer, fue encontrado en Yauhquemehcan el cadáver calcinado de una mujer.
Amaro Corona abundó que ante este ambiente de inseguridad, donde las familias están preocupadas porque algo les pueda pasar a sus hijas e hijos que estudian o trabajan, porque puedan ser sujetas de algún asalto en la calle o en su propia casa o simplemente porque aparecen cadáveres de la noche a la mañana, la ciudadanía se pregunta
¿Qué está haciendo el gobierno para prevenir esta ola de delitos?
¿En qué está ocupando los recursos destinados a la seguridad pública? ¿Cómo los ejerce?
¿Qué resultados se han obtenido con las acciones que está implementando?
El legislador perredista dijo que estas son preguntas que ameritan una respuesta pronta y seria para saber si el gobierno está siendo capaz de atender este fenómeno de la inseguridad pública o hay insuficiencia tanto de programas como de acciones para atenderlo.
Más adelante dijo “quiero llamar la atención de los recursos que se han venido presupuestando en Tlaxcala en los últimos años en el rubro de Seguridad Pública”:
En 2006 hubo un presupuesto global de 281 millones 078 mil pesos para la seguridad pública de Tlaxcala; este monto se aumentó en los siguientes años de la siguiente forma, mencionando las cantidades en términos redondos tomadas de los respectivos Presupuestos de Egresos del Estado:
En 2007, fue de $324 millones 524 mil pesos, es decir, aumentó el 15.5%.
En 2008 fue de $462 millones 435 mil pesos, aumentando el 30%.
En 2009 fue de $625 millones 521 mil pesos, aumentando el 26%
En 2010 fue de $597 millones 916 mil pesos, disminuyendo el 4.4%.
En 2011 fue de $754 millones 453 mil pesos, aumentando el 26%.
En 2012 fue de $403 millones 777 mil pesos, disminuyendo el 46.5%.
En 2013 fue de $413 millones 005 mil pesos, aumentando el 2.2%.
En 2014 fue de $620 millones 938 mil pesos, aumentando el 50.3%.
En 2015 fue de $602 millones 938 mil pesos, disminuyendo el 3%.
En 2016 fue de $535 millones, 046 mil pesos, disminuyendo el 11.2%.
En 2017 fue de $557 millones 821 mil pesos, aumentando el 4.2%
Y para 2018 es de $570 millones 406 mil pesos, aumentando el 2.2.
De 2007 al 2009 hubo un aumento promedio del presupuesto en materia de seguridad de 24%, disminuyendo en 4.4% en 2010; aumentando hasta el 26% en 2011, para disminuir en 46.5% en 2012, compensarse en 2014 al aumentar en 50%, teniendo bajas entre 2015 y 2018 de 5.5% en promedio.
Los presupuestos antes mencionados, independientemente de los altibajos que han tenido, solo han tenido un aumento promedio entre 2006 y 2018, de 7.6%, esto es, aunque en 2011 el presupuesto fue el más alto, con 754 millones, sufrió un descenso en los años subsecuentes para llegar al 2018 en 570 millones.
Lo anterior quiere decir que, aunque la delincuencia se mantenía más o menos controlada hasta el 2016, donde de por sí ya se preveía un aumento, con prácticamente los mismos presupuestos destinados a los diversos programas y acciones destinadas a la seguridad pública, para 2017 y lo que va de 2018, con un presupuesto aumentado de más de 7%, de 535 a 570 millones, la delincuencia también ha aumentado de manera preocupante.
Por ello, la sociedad tlaxcalteca se pregunta qué se está haciendo con los recursos públicos para garantizar la paz y la seguridad de las personas, pues si antes con menos recursos se llegó a hablar de Tlaxcala como un estado sin los niveles de delincuencia de otros estados, ahora nos preguntamos por qué, si hay más recursos, la delincuencia también está en aumento. ¿Qué falla? ¿La falta de programas eficaces o la incapacidad de los funcionarios?
La comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Gobierno, como responsable de la seguridad y de la estabilidad social y política del estado, y la del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, como encargado directo de las acciones preventivas para garantizar dicha seguridad, resultan a la fecha necesarias y esenciales para que expliquen precisamente lo que se está haciendo y no pensar en incumplimientos o incapacidades.
Alberto Amaro sostuvo que el Gobernador del Estado es el responsable directo de la seguridad pública por mandato constitucional, pero también, los Secretarios de Despacho que él nombra, tienen una responsabilidad directa, aunque delegada, y deben también responder de sus actos, ya que por eso protestaron formalmente el cargo conferido y se comprometieron con la sociedad a cumplir con sus responsabilidades.
Los tlaxcaltecas no queremos funcionarios de escritorio, queremos funcionarios que con sus acciones demuestren su capacidad para desempeñar el cargo; deben demostrar que tienen un proyecto de trabajo que no debe ser de papel, con metas, visiones y objetivos, al mejor estilo de la tecnocracia, sino que son funcionarios convencidos y comprometidos con el servicio público, que no están por el cheque, sino para servir e, incluso, para influir con su trabajo entre la sociedad.
Si el Gobernador del Estado no tiene la voluntad política para autorizar la comparecencia del Secretario de Gobierno y del Comisionado de Seguridad Pública, aunque por el momento no está constitucionalmente obligado a ello, sí en cambio, debe tener la atención que merece este Congreso del Estado y decirle que no quiere autorizar la comparecencia porque no se le da la gana dar dicha autorización.
“Quizá es probable que no autoriza la comparecencia debido a que ha descubierto que sus funcionarios no tienen la capacidad para desempeñar los cargos y no le conviene que, ante la vigilancia de la opinión pública en sus comparecencias, confundan la incapacidad de los funcionarios con la del propio Gobernador”, reprochó.
Si la falta de autorización implica que no existe ni la disponibilidad ni la capacidad para atender el problema de seguridad pública, entonces el Secretario de Gobierno y el Comisionado deben renunciar a sus cargos, pues si tienen temor el ser cuestionados por esta Soberanía, que lo único que hacemos es expresar indirectamente la voluntad del pueblo, con buenos o malos razonamientos sin llegar a ningún tipo de violencia, mucho menos querrán enfrentar a la delincuencia violenta e irracional, con programas y acciones eficientes y eficaces.
“Hoy nuevamente, exigimos la comparecencia del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, así como la del Secretario de Gobierno, pues es su obligación y la del Gobernador del Estado el que, en cualquier momento, informen lo que pasa en Tlaxcala y qué se hace para mejorar las condiciones de vida pacífica de los tlaxcaltecas”, concluyó.
