CDMX.- 16 de abril de 2018
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha realizado una investigación a partir de la denuncia presentada por la empresa Grünenthal de México S.A. de C.V., por la falsificación del producto TRADOL (Tramadol) solución inyectable.
La Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios (Coepris) notificó a todas las instituciones del Sector Salud, a los hospitales privados, e hizo de conocimiento inmediato al Colegio de la Profesión Médica en el estado que inició un operativo de vigilancia en farmacias y se mantiene en etapa de vigilancia sanitaria permanente con respecto al uso y comercialización del TRADOL, aunque precisó que hasta el momento no se ha detectado ninguna incidencia en el estado.
El comisionado estatal de la COEPRIS, precisó que las acciones de vigilancia sanitaria desarrolladas por esta Comisión Federal han identificado que el producto falsificado ostenta el lote 00930H y tiene fecha de caducidad ENE.2021, además de presentar anomalías en el empaque primario y secundario.
Indicó que el medicamento TRADOL (TRAMADOL) se utiliza como analgésico en el tratamiento del dolor de intensidad moderada a severa, (actuando sobre células nerviosas específicas de la medula espinal y del cerebro), y que éste tiene el Registro Sanitario 210M88 SSAIV.
Por lo que la COFEPRIS recomienda a la población no adquirir ni usar el producto falsificado, ya que puede generar un riesgo a la salud debido a que se desconoce el contenido de ingredientes, las reacciones adversas; así́ como las condiciones sanitarias en las que fue fabricado.
Agregó que en caso de haber adquirido o usado el producto, la población deberá notificarlo a la COFEPRIS al teléfono 018000335050 y dijo que la institución continuará con las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un riesgo a la población, a través de la aplicación de medidas de seguridad a los establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los productos ilegales así́ como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.