CDMX.- 5 /09/2018
“Ya son 20 años en que se ha postergado en la agenda de los gobiernos federales la interlocución con las mujeres indígenas, por esta razón, en el marco de la transición sexenal, nuevamente alzamos la voz para que el gobierno mexicano cumpla con los acuerdos y tratados nacionales e internacionales en los que se ha comprometido a transformar la realidad desigual y de exclusión que pesa sobre los pueblos y las mujeres indígenas”.
Así lo afirmó Zenaida Pérez, en el marco de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), al destacar que la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas realizó un balance sobre los retos, desafíos y aprendizajes en la lucha por la inclusión de sus demandas en la agenda política del gobierno.
De acuerdo a datos proporcionados por las ponentes, en México habitan 25.7 millones de personas que se auto reconocen indígenas, 13.2 millones de mujeres y 12.5 millones de hombres, que representan el 21.5% del total de la población mexicana.
En el encuentro, revisaron los instrumentos internacionales que México ha ratificado como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (1990), la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por Naciones Unidas (2007), la reforma al artículo segundo de la Constitución mexicana en materia indígena en 2001, así como la última reforma en materia de Derechos Humanos que se realizó en el año 2011.
Pese a la firma de estos acuerdos, el avance es incipiente, dijo Georgina Méndez, por ello la Asamblea continuará buscando espacios para generar diálogo e interlocución con las autoridades y que el discurso se materialice en un trato igualitario y horizontal de reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
Las integrantes detallaron los temas pendientes como el econocimiento a las mujeres indígenas como sujetas de derecho. Garantizar su participación política en todos los ámbitos y espacios de toma de decisiones. Incluir a personas indígenas, en consulta pública, en las figuras de los Consejos Consultivos de las instituciones federales.
Así como la generación de datos desagregados por condición étnica y de género que indiquen la problemática de desigualdad para dar soluciones pertinentes.
Creación de un programa nacional con presupuesto etiquetado y progresivo que incentive la participación de mujeres indígenas en todos los espacios.
Realizar acciones que generen reconocimiento y valor al aporte de las mujeres indígenas: Institucionalización del Día Internacional de la Mujer Indígena y creación del Premio Nacional de las Mujeres Indígenas Defensoras.
Revisión de la legislación agraria para incorporar el derecho de las mujeres indígenas al acceso a la tierra.
Derecho a la salud y no violencia, con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos. Potenciar el modelo de las Casas de la Mujer Indígena, como una política pública exitosa en la prestación de servicios a esta población.
Garantías de seguridad para las mujeres indígenas promotoras y defensoras de los derechos humanos.
“Hay una enorme limitación al analizar la situación de las mujeres indígenas debido a la falta de estadísticas oficiales sobre las diversas problemáticas que enfrentan, por ejemplo, participación política, violencia y feminicidios en contextos de conflicto territorial por proyectos extractivistas”, señaló Rubicelia Cayetano.
La ANPMI está integrada por mujeres que provienen de los pueblos Ayuuk, Ch´ol, Chatino, Cucapá, Nahua, Hñahñu, Maya, Mazahua, Mazateco, Me’phaa, Ñomndaa, Ñuu savi, Ocumiche, Ódami, Purhépucha, Ráramuri, Tojolabal, Tseltal, Wixárika, Yaqui y Zapoteco, de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.
Es una articulación nacional de redes de mujeres y grupos mixtos, que trabajan en favor de los derechos de las mujeres indígenas en México. Busca incidir en el diseño y adecuación de políticas públicas con perspectiva intercultural y de género, para la plena garantía de los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos a los que pertenecen.
