Pedro Morales
El domingo anterior, con una gran sonrisa el excorresponsal de El Heraldo, recomendado y convertido en director de comunicación social de la LXIII Legislatura recibía a sus excompañeros un una “amigable” bienvenida, “hecha una manita, sin preguntas por fa”.
Un día antes, por medio de una invitación girada a los medios locales, el siniestro personaje convocó cordialmente a una rueda de prensa, ahí se abordaría “con amplitud” el tema de los comentarios y análisis de los observaciones que les hizo llegar el Ejecutivo.
Así, al arribo de verdaderos corresponsales y reporteros de la fuente, la petición fue la misma “hecha la mano y sin preguntas a los diputados por favor”, muchos no pusieron atención y al final la rueda de prensa dio inicio.
Como espantados 19 diputados que realizaron “blindajes” a los presupuestos, tras descubrir “el hilo negro y el agua hervida” de que había el riesgo de un manejo discrecional de recursos. Faltó el grupo opositor de los seis.
Así se dio lectura con voz quebrada y labios resecos de los que tomaron la palabra, la danza de los millones fue vertiginosa, para que nadie entendiera nada, total que ya estaba asegurada la LEY MORDAZA y así se llevaron su conferencia de prensa de un solo sentido.
Los pretextos para aumentarse 200 por ciento su presupuesto a ejercen en su Congreso, se basa en que “hablamos de un aumento de 31 por ciento, siguiendo la tendencia de Hidalgo, donde los legisladores también aumentaron su gasto 62 por ciento, o Morelos, que lo hicieron en 25”.
Y es poco.
Pero no comentaron que la creación del Fondo para el Fortalecimiento a la Autonomía Municipal contraviene directamente una petición del presidente López Obrador, quien el pasado 18 de enero, en su conferencia matutina, abordó el caso de Sinaloa para recordar que ha solicitado a los diputados locales que el presupuesto no se condicione a la entrega de recursos o a la creación de bolsas especiales para que no haya “moches”.
Aquí cabe destacar que los diputados-proyectistas de obra, entre otras, incluyeron una remodelación total de la unidad deportiva del barrio de “El Cristo” de San Pablo del Monte.
Resulta que este jueves, reporteros de Centro Informativo de la radiodifusora de Apizaco llegaron hasta la unidad deportiva, porque llamo la atención de la aplicación de los arquisdiputados de 9.2 millones de pesos.
Pero resulta que los reporteros al hablar con los usuarios de las instalaciones las reportaron en perfectas condiciones y sin justificante alguno para realizar alguna remodelación y no vieron por donde se van a aplicar tantos millones de pesos.
Este periodismo de investigación agarró a los chairos morenos con los dedos en la puerta de la simulación, el engaño y la tranza, ya que este caso se podría repetir donde metan las manos para jalar recursos.
Esto sin tomar en cuenta la recomendación del Ejecutivo federal fue que, en general, los presupuestos locales no estuvieran sujetos a negociaciones en función de los intereses personales de los legisladores, que son representantes populares.
En el caso de Tlaxcala, el fondo para obras invade competencias del Ejecutivo, porque la emisión y aprobación de las reglas de operación corresponderían al Legislativo, y el seguimiento de la fiscalización de recursos se delegaría al Órgano de Fiscalización, ambos, sin contar con facultades expresas para llevar a cabo dichas funciones.
Además, la asignación de recursos a los municipios beneficiados fue arbitraria y discrecional, y carente de criterios de proporcionalidad y equidad, porque se contemplaron sólo 53 de las 60 comunas, situación que se presta a que los legisladores impulsores del fondo soliciten a los alcaldes recursos para ser considerados, o asignen empresas contratistas para la realización de las mismas obras.
El grupo de los 19 tampoco abordaron lo relativo a la violación de los principios de división de poderes y supremacía constitucional y, en consecuencia, no hablaron de los errores que, desde la óptica jurídica, contiene el decreto presupuestal que aprobaron, al trastocar las facultades y competencias de los otros poderes.
Para algunos analistas tlaxcaltecas “queda claro que la actual legislatura comandada por Morena no solo se burla de los tlaxcaltecas, sino que le juega las contras al Presidente López Obrador y a las premisas de su partido en materia de austeridad”.
Y lamentablemente, en un nuevo gesto de intolerancia, los diputados no aceptaron las preguntas de la prensa para disipar dudas en este tema, en oposición a la apertura y paciencia demostrada a los medios de comunicación por el Presidente López Obrador, una mañana si y otra también.
Total que en Tlaxcala se impuso la LEY MORDAZA, sin que sospechosamente los reporteros opusieran resistencia, tal vez tuvo más peso esa sentida petición del “Señor de los Juegos Inflables de Apizaco” que defender en esos momentos el ya para ese entonces pisoteado derecho a la información.
Solo el Subcomandante Referéndum, Parménides Ortiz trató débilmente de buscar otras explicaciones, pero lamentablemente los chicos de la fuente lo callaron y regañaron por no alinearse y además por llegar tarde y no saber eso de que no habría ni preguntas y menos respuestas.
¡QUE VERGUENZA!
Por si no se sabe, en México, con las últimas reformas a los artículos 6 y 7º de la Constitución, el derecho a la información quedó expresado de la siguiente forma:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado (párrafo reformado, DOF 13-11-2007, 11-06-2013).
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión (párrafo adicionado, DOF 11-06-2013).
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios (párrafo adicionado, DOF 11-06-2013).
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.
En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito (artículo reformado, DOF 11-06-2013).
El derecho a la información es, por lo tanto, un derecho fundamental, un derecho humano positivo en nuestro ordenamiento jurídico y que, junto a los otros derechos fundamentales es universal, interdependiente, indivisible y progresivo.
Al ser un derecho fundamental, el de la información es un derecho que debe ser objeto de tutela y de observancia por la acción pública, es decir, por el gobierno y los órganos del Estado.
El de la información es un derecho que debe ser instrumentado y se encuentra más en el territorio del esfuerzo público, de la acción regulatoria, de la política pública y, por lo tanto, de una acción programática constitucional.
Por ello, en México la Constitución crea tres grandes instituciones dotadas de plena autonomía constitucional: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).
Como sea, allá en lo oscurito el G-19 Luego de sesionar por 16 horas, con la irrupción de organizaciones campesinas y burócratas estatales, este viernes a las cinco de la mañana los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron la reasignación del presupuesto para este año, tras atender las observaciones enviadas por el Ejecutivo.
De esta forma, diputados de la LXIII Legislatura, confirmaron el Decreto número 80 relativo al Presupuesto de egresos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, mismo que coadyuvará a la consolidación de un Estado desarrollado económica y socialmente, para garantizar mayores oportunidades de crecimiento y mejores condiciones de vida para los tlaxcaltecas.
El presupuesto de egresos aprobado por mayoría de votos en la sesión que inició el jueves 24 y que concluyó durante las primeras horas de este 25 de enero, es por la cantidad de 18 mil 705 millones 109 mil 588.91 pesos, cantidad que significa un crecimiento del 3.14 por ciento con respecto al del año 2018.
Es lamentable que diputados y diputadas se atrincheren para sus “adecuaciones y blindajes”, por la hora y en atrincheramiento todo indica que lo que menos les importa es la transparencia y aplican la rendición de cuentas a modo y sin que la sociedad tenga la garantía de que en Tlaxcala se consagra la libertad de ser informado por quienes supuestamente emiten las leyes.
Es así como el derecho universal dota de armas para saber la realidad de lo que pasa, en este caso en particular, el derecho a ser informado está por encima de amiguismo o compadrazgo y ningún diputado o diputada o jefe de prensa por muy poderosos que sean, están por encima de la ley, por el contrario están obligados a dar explicaciones de sus actos… AUNQUE LA PERRA SEA BRAVA.