CDMX/ 8 /02/2019
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, platica con Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD, durante la sesión de ayer en la Cámara alta. Foto: Eduardo Jiménez
Morena en el Senado presentó ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero.
La propuesta de Ricardo Monreal, que cuenta con el aval de la bancada, ordena a Hacienda “aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.
La iniciativa modifica gran parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se enmarca dentro del objetivo del gobierno de atacar el bolsillo del crimen organizado.
Para eso, se busca fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tal como Excélsior adelantó el pasado martes.
La propuesta plantea que la UIF tenga autonomía técnica y de gestión, y sea considerada “para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable”.
Con el aval de todo el grupo parlamentario de Morena, el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal, presentó la reforma a la llamada Ley Antilavado para que se incluyan a las iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas “políticamente expuestas”, entre ellos los políticos y sus partidos, sindicatos y sus dirigentes, como actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero.
Ordena que la Secretaría de Hacienda “deberá aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al Terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.
La iniciativa modifica gran parte de los artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte del objetivo del gobierno federal de atacar al crimen organizado por el lado de sus finanzas, a partir de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad, tal como Excélsior adelantó el pasado martes.
Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con “autonomía técnica y de gestión” y sea considerada “para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano
También faculta a la SHCP para presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público federal, “así como ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción e informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal”.
Detalla que la información relativa a los partidos políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido será requerida por la Unidad de Inteligencia al INE u OPLE que corresponda.