A través de la institución educativa se entregaron recursos a empresas fantasmas para realizar ‘trabajos’ comprometidos con la Sedatu en 2017, señaló la auditoría.
Con información de LUCÍA PÉREZ @ElFinanciero/Universidad Politécnica de TlaxcalaFuente: facebook.com/SoyUPTx/
TLAXCALA.- Derivado de los recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se reveló que la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) forma parte de las instituciones públicas de nivel superior que participaron en el desvío de recursos públicos en la llamada ‘Estafa Maestra’.
En el reporte, se establece que la universidad ubicada en el municipio de Tepeyanco firmó tres convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para transferir a empresas externas alrededor de 178 millones 634 mil 600 pesos.
La cantidad representa 49 por ciento más de lo permitido. Además, la universidad no evidenció su participación en los servicios entregados, ya que solo fungió como ente pagador.
Esas irregularidades están ligadas con las demás anomalías dadas a conocer en el reportaje la “Estafa Maestra” en la que se vieron involucradas ocho universidades públicas que transfirieron recursos a empresas fantasmas en complicidad con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu, que en su momento estuvieron a cargo de Rosario Robles Berlanga.
La ASF explicó que la universidad no había sido auditada con anterioridad, pero derivado de información pública se detectó que había realizado operaciones en virtud de tres convenios celebrados con la Sedatu; el primero de ellos, el 22 de septiembre; el segundo, el 12 de octubre; y el tercero, el 25 de octubre, todos en 2016.
La auditoría encontró que la universidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que la institución delegó el 100 por ciento de la prestación de los servicios que derivaron del convenio general de colaboración y de los tres convenios de colaboración suscritos con la Sedatu por un costo de 178 millones 634 mil 600 pesos en el ejercicio de 2017 por adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Además, resaltó que la UPTx no participó en la integración de los entregables, además de que un proveedor manifestó que todo el trato fue realizado directamente por la Sedatu.
Incluso la función de la universidad pública fue únicamente en la contratación de las empresas y la de transferir los recursos a los proveedores, por lo que no realizó ningún servicio específico para cumplir con los objetivos de cada uno de los convenios de colaboración.
Entre las empresas cuyo domicilio fiscal no fue ubicado se encuentran Donetsk, S.A. de C.V; Servicios Profesionales Orea y Asociados, S.A. de C.V: Multiservicios Zodiaco de México, S.A. de C.V; y Soluciones Comerciales Islas, S.A. de C.V.
En otras empresas contratadas o subcontratadas, la UPTx no llevó a cabo la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del objetivo.
El informe de la auditoría detalló que el exrector de la universidad, Narciso Xicohténcatl, declaró en el reporte de la ASF que la «Sedatu fue quien propuso el nombre de las empresas a contratar, en virtud de tratarse de trabajos especializado” y que “no se utilizó ningún procedimiento ya que fue Sedatu quien sugirió la contratación de estas empresas”.
Además agregó que «la UPTx no realizó ningún documento, todo fue preparado y proporcionado por Sedatu» y tampoco participó en la realización de los trabajos supuestamente pactados.
Cuando se cuestionó la manera en la que se habían llevado a cabo las actas de entrega-recepción, el exrector argumentó que «fueron realizados por la Sedatu al 100 por ciento; a la UPTX solo nos llevaban el documento final para recabar la firma correspondiente de los documentos”
Sobre la liberación de los pagos, Xicohténcatl señaló que el área administrativa era la encargada de realizar los pagos. La Sedatu se limitaba a enviar las facturas, vía electrónica, para que se revisara que cumplían con los requisitos fiscales, y luego se procedía al pago.
Por esas observaciones, la UPTx deberá devolver a la Tesorería de la Federación más de 178 millones de pesos que le fueron asignados en el ejercicio fiscal 2017.