CDMX/10 /09/2019
El gobierno de México está obligado a consultar a los pueblos originarios sobre megaproyectos, el Tren Maya, entre otros, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Dicho decreto de alcance global postula el derecho de las comunidades indígenas a decidir sus prioridades de desarrollo, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a mantener sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y garantizar su participación en la toma de resoluciones del tipo de obras de gran magnitud como el Tren, que afecta 42 zonas de ocho etnias.
Durante el panel Perspectivas mexicanas para una política verde, del conversatorio Cómo ser verde y no morir en el intento, Azamar Alonso señaló que el denominado proyecto aparentemente llevará crecimiento y bienestar a esas regiones, pero su construcción “no respeta la cosmovisión de cada localidad”.
Ejemplificó que grandes empresas realizan cabildeos que provocan tensiones y rompen el tejido social mediante la compra de voluntades. “Para crear minas o plantas hidroeléctricas o termoeléctricas, las corporaciones ofrecen edificar escuelas u hospitales, pero ante el rechazo se desata la represión contra los pobladores”.
La también presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica expresó que ante la lucha por los recursos naturales el Estado mexicano debe hacer más, pues la legislación se ha acomodado para el establecimiento de grandes obras –que en todo el país suman tres mil 700– que afectan el medio ambiente y repercuten en el aspecto social.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no refleja una preocupación real por el cuidado medioambiental pues principalmente se enfoca al combate a la pobreza, aun cuando en esa materia el gobierno debe ser transparente, dar certeza jurídica a las comunidades y establecer un diálogo verdadero, pero pedir “a los pobladores que levanten la mano si están de acuerdo con la termoeléctrica de la Huesca no representa un diálogo, ni es una consulta”, estableció.
“Tenemos un problema con la legislación medioambiental y carecemos del principio precautorio, por eso la administración federal tiene que reformar esas leyes que están a conveniencia de la obtención de la ganancia. El modelo productivo adolece de graves problemas en el que la dificultad es la forma de producir y la legislación debe poner límites para tener un crecimiento sustentable”.
Para la especialista el concepto de sustentabilidad está sumamente manipulado desde que se discutió en el Club de Roma, pues “aún seguimos pensando que crecimiento es igual a desarrollo y progreso; me parece que no está tan clara la agenda de sustentabilidad, la agenda verde en la nueva gestión, pues se está avanzando mucho en combatir la pobreza y pensar en no endeudarnos, pero no pasa lo mismo con el asunto del medio ambiente.”
En la actividad organizada por la Fundación Heinrich Böll Ciudad de México-México y El Carib, la especialista dijo que “hay pueblos que se oponen al proyecto de La Parota, el pueblo Otomí rechaza la construcción de la autopista de Toluca y defienden sus tierras, por lo cual han sufrido desalojos y hasta asesinatos”.