CDMX/11/09/2019
El Pleno del Senado de la República avaló en lo general y lo particular una reforma que ayudará a combatir la evasión fiscal y la facturación apócrifa, vía empresas fantasma, se considerará como delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional.
Se trata de un proyecto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
En ese sentido, los senadores de oposición advirtieron excesos en este esfuerzo por frenar estos delitos fiscales, pues se apuntó que, cuando la facturación supere los 7.8 millones de pesos, se ameritará prisión preventiva oficiosa.
La modificación del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, se explicó, impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El dictamen plantea que será sancionado con las mismas penas al que permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones de la misma índole.
La senadora Mayuli Martínez Simón explicó que el dictamen tiene el objeto de combatir la evasión fiscal cometida a través de las empresas fantasmas, mediante la tipificación de los delitos de la defraudación fiscal así como la expedición, venta, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. No obstante, aceptó que hubo desacuerdos sobre la regulación, ya que varios grupos parlamentarios advirtieron que se vulneran los derechos humanos de los contribuyentes.
Por su parte la coordinadora del Partido Encuentro Social (PES), Sasil de León, expresó que la facturación apócrifa representa un quebranto cercano a los 2 billones de pesos al año a las finanzas públicas.
El dictamen plantea que será sancionado con las mismas penas al que permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones de la misma índole. También inhabilita a los servidores públicos que cometan estos delitos en ejercicio de sus funciones por un periodo de uno a 10 años.
El líder de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera apuntó que de aprobarse el dictamen, la defraudación fiscal estaría al mismo nivel que el terrorismo, genocidio y la traición a la patria.