TLAXCALA/12/05/2020/Redacción
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que representa a 193 casas de estudio, pidió que se castigue a los funcionarios universitarios y empleados como prestanombres responsables de las irregularidades detectadas en la llamada Estafa Maestra en la UPTx de Tlaxcala.
El secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, exigió: “que se sancione a las personas que se tenga que sancionar, pero no a las instituciones; las instituciones son instituciones de prestigio”
Agregó que son instituciones que han trabajado a lo largo de muchos años y que prestan servicios, si algunos de estos están mal llevados a cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley.
A la fecha hay 21 universidades bajo la lupa y algunas enfrentan querellas, lo anterior se desprende de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 19 de julio de 2019.
Según una revisión realizada por La Razón, así como a los casos documentados en la investigación de la Estafa Maestra, por parte de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
Entre las universidades involucradas en un esquema de triangulación de recursos, de instancias federales a éstas mediante convenios, y que a su vez derivaron en desvíos del erario y daños a la Hacienda Pública se encuentran:
La Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Universidad Popular Chontalpa, la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la Tecnológica de Tabasco, la Universidad Tecnológica del Sur de Tlaxcala y el Instituto Superior de Comalcalco, entre otras.
Además, entre las últimas denuncias presentadas por la ASF están las registradas en contra de la Universidad Tecnológica de Salamanca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Las instituciones fueron contratadas por dependencias federales, como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que en su momento dirigió la experredista Rosario Robles Berlanga, y éstas subcontrataron a su vez empresas ilegales, que derivaron en el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
La Ley de Adquisiciones considera la posibilidad de que se eviten las licitaciones cuando se contratan a través de entidades públicas, por lo que las secretarías utilizaron las instituciones educativas para la subcontratación de servicios.
Al referirse a este tema, Valls Esponda puntualizó que en lo que se refiere a las universidades involucradas, éstas ya han comenzado a solventar las observaciones.
“Por parte de la ASF se hicieron auditorías, determinaron algunas observaciones y éstas se están solventando, muchas de ellas por parte de las instituciones involucradas y las que no la FGR determinará si abre alguna carpeta de investigación”, dijo.
El secretario de la ANUIES defendió que las universidades, autónomas o no, se han apegado a la legalidad, pues “han actuado dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite.
Al respecto, el titular de la ASF, David Colmenares, dio a conocer que han presentado entre nueve y 10 denuncias penales por la Estafa Maestra.
“Las investigaciones del artículo primero están en una primera etapa, se presentaron las denuncias, ya llevamos nueve o 10 denuncias, estamos tratando de ampliar el espectro”, expresó.
De acuerdo con datos registrados por la ASF, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo subcontrató a ocho empresas de forma directa por 10 millones de pesos, 91 por ciento del monto adjudicado (11 millones 22.3 mil pesos), cuya evidencia documental no fue reportada en la debida investigación de mercado que no realizó la casa de estudios.
Esto se evidenció en 15 transferencias bancarias y la expedición de 15 facturas electrónicas, realizadas entre junio de 2016 a enero de 2017.
Seis de esas contrataciones, por tres millones 664.4 mil pesos, fueron consideradas como “caso fortuito o de fuerza mayor” por la universidad; sin embargo, las fechas de contratación coinciden con un periodo “no justificado” por la institución, debido a que fueron hechas fuera del tiempo que estableció.
Otras cuatro contrataciones se reportaron en un domicilio distinto.
Mientras transcurre el proceso de investigación por parte de las autoridades federales, en Tlaxcala el rector de la UPTX, Enrique Padilla elude públicamente aclarar el tema.
Rechaza el acoso sexual que han denunciado reiteradamente los propias alumnos y que son maestros y directivos quienes presuntamente los acosan, Padilla Sánchez conocido como “la Iguana” solo reconoció el tema, sin embargo no dio información sobre si ya se tomaron cartas en el asunto.
Ante los micrófonos de una radiodifusora local, el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, región sur, y sobrino de la senadora del PRI, Beatriz Paredes; Enrique Padilla Sánchez, se deslindó del presunto desvío de 178 millones 634 mil 600 pesos que según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron triangulados a empresas fantasma.
Padilla Sánchez indicó que desde que asumió el cargo como rector de la universidad pública y hasta el momento no ha tenido ningún contacto con su antecesor, Narciso Xicoténcatl.
Advirtió que le corresponde a él responder por las observaciones hechas por la auditoría, aclarar la subcontratación de empresas cuyos domicilios no fueron localizados, y a donde fue triangulado casi el 100 por ciento de ese presupuesto.
Dijo que en el proceso de entrega-recepción no se dieron a conocer los tres convenios de colaboración que fueron firmados con la Sedatu, a través de los cuales se traspasaron los recursos a empresas externas, “tal vez porque no les convenía”.
El Rector de la UPTx aseguró que a partir de las observaciones hechas por la ASF, tiene un periodo para iniciar con el procedimiento correspondiente, y que en este caso será la Contraloría del Ejecutivo la que actúe en consecuencia.
“Nosotros vamos a apegarnos a derecho y a conducirnos con transparencia… El exrector tendrá que asumir su responsabilidad y en el caso de que la auditoría, la contraloría, me solicite que lo requiramos tendremos que hacer lo conducente”, puntualizó.
Aclaró que este asunto “no afecta el desarrollo académico de los más de cuatro mil 600 alumnos y alumnas, además de que a partir de este año ya se conformaron comités de vigilancia”-
No solo en temas de seguridad interna sino también de la aplicación de los recursos con propósito de evitar que la universidad se vea inmiscuida en asuntos como el de las ocho instituciones de nivel superior que participaron con la Sedatu y Sedesol en la llamada “Estafa Maestra” para desviar recursos públicos, a través de la subcontratación a empresas inexistentes.
Al respecto trascendió que todo el tamal esta entre el ex rector y militante del PRD en Tlaxcala y exfuncionarios allegados a su administración como rector y gente de su cercana confianza, quienes supuestamente figuran como los prestanombres en este escándalo que envuelve a esas instituciones de educación superior.
Simularen ser empresarios y empresarias, para darse de alta en el SAT con datos falsos y direcciones inexistentes, que fue la estrategia con que encubrieron la desviación de millones de pesos de los que en la actualidad disfrutan impunemente en esta la llamada “Estafa Maestra”.
