CDMX/ 29 /05/2020
El congreso del estado de Coahuila, aprobó una iniciativa por medio de la cual se establece que las agresiones que se cometan en contra de personas que desempeñan algún cargo, profesión, oficio, o actividad relacionada con la prestación de servicios de salud, sean sancionadas con hasta 21 años de cárcel.
Por medio del Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma la fracción XIII del artículo 184, se avalaron reformas al Código Penal del Estado para endurecer las penas en contra de quienes incurran en delitos en perjuicio no solo de médicos y enfermeros, sino contra el personal de laboratorios e incluso camilleros.
Al destacar que es necesario frenar ese tipo de conductas, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se atente no solo en contra de la integridad, sino también contra la vida de las personas que laboran en algún centro de salud, los diputados encargados de la propuesta destacaron que es urgente brindar protección al sector.
A través de la iniciativa, los ataques pasaron de delitos simples a calificados, por lo cual se fijarán penas que van desde los 9 y hasta los 21 años de cárcel cuando se cometan lesiones graves.
De la misma forma, el trabajo legislativo consiguió que se sancione con penas en prisión de 25 a 45 años de cárcel, los homicidios dolosos que se cometan en contra de los trabajadores del sector salud en la entidad.
Asimismo, se incluyeron sanciones que irán desde los 6 y hasta los 12 años tras las rejas, por los daños en propiedad ajena tratándose de hospitales, laboratorios, consultorio, edificios en los que se presten servicios de salud, ambulancias y vehículos destinados al traslado de enfermos.
Al señalar en la exposición que se busca refrendar el compromiso de generar que las y los trabajadores de la salud, reciban un trato digno y respetuoso por parte de parientes, familiares, así como de la población en general, la iniciativa añadió la aplicación de castigos de 2 años de cárcel por el delito de Discriminación por odio, vejación o exclusión, cuando se realice en contra de personal de médico durante Emergencias Sanitaria declaradas por autoridad competente.
