CDMX/ 19 /06/2020
El gobierno mexicano se ha mostrado omiso “en su obligación para proteger los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Las medidas gubernamentales se han mostrado insuficientes para atender la problemática vinculada con la población migrante y el covid-19”.
La situación de pobreza de los migrantes, varados en Tijuana “se ha agudizado” en este momento de la pandemia” se afirma en un estudio elaborado por Juan Antonio Del Monte del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte y por Robert McKee Irwin de Global Migration Center de la Universidad de California, Davis (UC Davis).
Éste de recién manufactura fue elaborado a partir de una encuesta, aplicada entre migrantes y representantes de organizaciones migrantes del 24 de abril al 16 de mayo del presente año.
Se acusa “en Tijuana, bajo el argumento de estar canalizando a deportados al Centro Integrador del Migrante ‘Carmen Serdán’, el gobierno federal no ha apoyado a los albergues que están conteniendo la emergencia migrante ante el covid-19”.
Publicado ayer miércoles, acusa que, igual el gobierno de Estados Unidos “puso en marcha una política migratoria, bastante rígida que no permite el ingreso de ningún solicitante de protección internacional y que ha acelerado los procesos de expulsión de migrantes recién detenidos en la frontera”.
A raíz del abandono que encontraron, entre la población migrante, el estudio propone a los gobiernos de México y Estados Unidos, así como al gobierno municipal de Tijuana, varias líneas de acción con el objetivo de detener la “precarizacion” de los migrantes.
Le piden al gobierno federal, vía el Instituto Nacional de Migración, declare “una “moratoria” a nivel nacional para extender el plazo de la vigencia de los documentos de migración expirados en tanto se reprogramen las citas con el fin de asegurar un status regular migratorio de los solicitantes de asilo en México”.
Le piden a la dirección de Desarrollo Social Municipal de Tijuana, abastecer de alimentos a la población migrante y callejera, entre otros. Y es que los comedores y desayunadores que hay para ello, están al límite y con carencias.
El objetivo de dicho estudio, denominado “Personas migrantes en Tijuana frente al covid-19: impactos y consecuencias de las medidas sanitarias desde la perspectiva de los actores”, es el de monitorear “las repercusiones que han tenido, en poblaciones migrantes en Tijuana, las medidas aplicadas durante uno de los momentos más críticos del desarrollo de la pandemia por covid-19”.
Considerado como un informe preliminar “presentamos las preocupaciones y situaciones de alarma que se observan en torno a las deportaciones rutinarias y aceleradas, así como también a la incertidumbre sobre el estatus de los migrantes en tránsito”.
El estudio, revisa “las problemáticas de vivienda, alojamiento e higiene para población migrante, y la dificultad para acceder a recursos de salud”, además de “los riesgos en términos de violencia e inseguridad que se agravan en esta situación” por la pandemia.
