Pedro Morales
“La moderna esclavitud” como es llamada la trata de personas con fines de explotación sexual no se detiene, ni por la pandemia, ahora con las herramientas de la modernidad, los padrotes enganchan a sus víctimas a través de las redes sociales y ampliaron sus posibilidades para prostituir a cada vez más mujeres.
Redes sociales que se han convertido en cómplices y herramienta para no dejar huella del tráfico de personas; ya son comunes los anuncios disfrazados desde donde se practica a ojos vistos la explotación de mujeres, ahora con citas a domicilio en total clandestinidad.
Si hace un par de años se daba la noticia de que al menos 40 de los 60 municipios habían sido cubiertos en su territorio por la trata de personas, ahora esta práctica se ha extendido por limites municipales, estatales, nacionales e internacionales.
Las complicidades de las autoridades son más que evidentes en operativos espectaculares que a nadie sorprenden, si bien es cierto que hay clausuras (muy pocas), también es cierto que al poco tiempo se pagan las multas administrativa y se vuelven a reabrir.
Las mujeres que son explotadas de alguna manera son exhibidas, pero estos operativos de los “soldaditos de plomo” de la Guardia Nacional no tienen la efectividad para detener a los padrotes y a sus familias que participan en el “negocio”.
Cada vez son más numerosas esas enormes mansiones ostentosas, con sus águilas en lo alto y sus coronas que mandan mensajes de poder e impunidad, ya proliferan por todas partes, y no solo en los municipios tradicionales de la trata.
En este 2020, en el nuevo milenio, la profesión más antigua del mundo sigue más viva que nunca y muestra de ello es la multiplicación de hoteles y moteles que surgen bajo el amparo de cada administración municipal o estatal que otorga los permisos para funcionamiento.
Pero también en antros, moteles, casas de citas, de masajes, loncherías y restaurantes disfrazados son solo un ejemplo como los tramos de fronteras carreteros de Chiautempan a Puebla, en Tequexquitla, Calpulalpan y en los intermedios como el libramiento de Apizaco.
Esta situación reiteradamente ha sido señalada por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y las organizaciones de la iniciativa popular contra la trata de personas en Tlaxcala
El pasado jueves 30 de abril se recordó que hace 40 años, el 17 de julio de 1980, México suscribió la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Con esto se comprometió, entre otras cosas, a tomar “todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
Hace casi 20 años, el 15 de diciembre del 2000, el Estado Mexicano adoptó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Comúnmente conocido como Protocolo de Palermo), con lo cual amplió sus obligaciones para la atención de este problema.
LEGISLACIÓN EN LOS ESTADOS
Si bien en la Federación y en las diversas entidades se ha creado legislación para prevenir el delito, proteger y atender a las víctimas y sancionar a los delincuentes, el Estado Mexicano, a través del gobierno en sus diferentes ámbitos, no ha logrado elaborar y aplicar políticas públicas que provoquen avances sustanciales ante la problemática.
Esto es reconocido por el Reporte de Trata de Personas 2019, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se afirma que “el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
El gobierno investigó, procesó y condenó a menos traficantes que el año anterior; proporcionó servicios especializados limitados para las víctimas de trata, que no estaban disponibles en la mayor parte del país; y mantuvo un número inadecuado de refugios en comparación con la escala del problema”.
El diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos muestra algunos datos sobre esta problemática y que refuerzan lo afirmado en el Reporte de Trata de Personas 2019.
En ese diagnóstico se señala que, del 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017, se identificaron 5 mil 245 víctimas de delitos en materia de trata de personas; de ellas, 3 mil 308 son mujeres, mil 86 niñas, 492 hombres y 289 niños.
Como podemos observar, el 84 por ciento de víctimas en el país son mujeres y niñas. Además, se indica que casi el 80 por ciento de las actas reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales Estatales corresponden a la Procuraduría General del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Si bien estos números son alarmantes, recordemos que la gran mayoría de las víctimas no denuncia, así que el número de casos puede ser mucho mayor.
La pobreza, como falta de acceso a sistemas de salud con calidad, un salario digno y otros derechos humanos no garantizados, sumada a una cultura machista ante la que no se han implementado políticas públicas eficaces, han generado una alta vulnerabilidad para las mujeres y las niñas frente a la trata con fines sexuales.
COVID-19 Y TRATA
En el actual contexto de la pandemia y la crisis económica que está generando, las vulnerabilidades de las mujeres y niñas pueden aumentar, teniendo como consecuencia el aumento de las víctimas.
Respecto a Tlaxcala, la situación sigue siendo grave como lo muestra el documento Información sobre violencia contra las mujeres, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se afirma que, de los 213 casos de mujeres víctimas de trata registradas de enero a junio de 2020, 9 casos fueron reportados por el gobierno del estado de Tlaxcala, lo cual nos coloca en el segundo lugar de mujeres víctimas de trata de personas por cada 100 mil mujeres.
Esta situación es resultado de la deficiente aplicación de la política pública existente, especialmente del Programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos 2018 – 2021.
Como ejemplos, las organizaciones señalan los siguientes:
En cuanto a la estrategia 1.1.1 “Generar un diagnóstico integral antropológico sobre la trata de personas en la entidad”, la Secretaría de Gobierno informó, el 28 de agosto de 2019, a través del oficio DRMS/A-J/6961/2019, que la realización del diagnóstico sería parte del proyecto “Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes para erradicar la violencia en Tlaxcala”.
Para la ejecución del Proyecto contrató a O y A Consultores S. C por un monto de 1 millón 446 mil 984 pesos.
Sobre “Incorporar una política de estado integral en materia de comunicación social en la que se diseñen e implementen campañas permanentes dirigidas a mujeres y hombres” (Estrategia 1.1.2), la Secretaria de Gobierno informó que “para poder realizar esta estrategia, es necesario tener el diagnóstico ya finalizado”.
Respecto a “Difundir una serie documental sobre la trata de personas en el estado” (estrategia 1.1.3) y a elaborar “Programas de Desarrollo Local…” (Estrategia 1.1.9) la Secretaria de Gobierno contesto que “Falta por realizar”. Y hasta ahora no hemos visto la publicación de dicha serie. También informó que “… no firmó ningún convenio con empresas o industrias” para la implementación de acciones de prevención de la trata de personas (estrategia 1.1.14).
A la Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE) se le solicitó información sobre las siguientes estrategias:
“1.1.3 Desarrollar un programa de información y sensibilización en los niveles de educación básico y medio superior, a fin de crear una cultura de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, priorizando las zonas más afectadas por este delito.
1.1.5 Diseño e implementación de una materia sobre derechos humanos, género, sexualidad y trata de personas para el nivel básico y medio superior de educación en el Estado de Tlaxcala.
1.1.6 Formación a enlaces educativos de nivel básico y medio superior para la implementación de acciones de prevención.
1.1.7 Lograr cambios en el imaginario sociocultural sobre el significado de ser hombre.”
Debido a que la Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala no proporcionó la información solicitada en el tiempo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala (Ley de transparencia), se interpuso un recurso de revisión en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.
Resultado de este acto, el 14 de febrero del año en curso, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala emitió un informe justificado en el que admite que no dio contestación en el tiempo legal establecido, pero refirió que la solicitud hecha a está institución “… fue remitida a la instancia correspondiente para su pronta respuesta, y una vez que nos sea notificada, se la daremos a conocer en el momento procesal oportuno”.
Su respuesta es cuestionable, debido a que la SEPE es una de las dependencias del estado que le corresponde aplicar la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos en el estado de Tlaxcala, como lo establece el artículo 5º y es una de las dependencias responsables de implementar las estrategias del Programa estatal contra la trata de personas.
Como sociedad civil, hemos contribuido a la visibilización de esta grave problemática y aportado diversos elementos para la construcción de propuestas legislativas y de política pública que contribuyan a su erradicación, por lo cual, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y de la V Jornada de Prevención de la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, realizamos el Conversatorio:
Las escuelas como espacio potencial para contribuir a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Este Conversatorio tuvo el objetivo de reflexionar sobre la situación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y sobre el potencial de los espacios educativos para contribuir en la prevención de este problema, particularmente para la transformación de la masculinidad explotadora y consumidora. Compartieron un saludom para Remo Moretta, embajador de Australia en México, y Diana Paola Olvera Feregrino, representante de la Fundación Hispanics in Philanthropy (HIP).
El embajador Moretta comentó que “apesar de los esfuerzos y las leyes que existen en casi todos los países del mundo para luchar contra el tráfico de personas, por desgracia, sigue siendo uno de los delitos transnacionales más lucrativo en todo el mundo”, además expresó:
“En esta ocasión nos sentimos muy honrados de colaborar con el Centro Fray Julián Garcés. Sobre todo, considero de suma importancia el enfoque que le están dando al proyecto que es la construcción de un modelo de prevención por medio de la educación, así como el trabajo que hacen en las escuelas secundarias y el desarrollo de una metodología para escuelas preparatorias, lo que permitirá llevar a cabo procesos de prevención de mayor alcance para crear conciencia sobre esta problemática.
Muy importante también es promover las masculinidades positivas para generar un verdadero cambio”.
Por su parte Diana Paola Olvera Feregrino reconoció la alianza del Centro Fray Julián Garcés con HIP y el esfuerzo e iniciativa del Centro Fray Julián Garcés quién es un referente a nivel nacional e internacional “por impulsar procesos organizativos de prevención, incidencia y exigencia al Estado de la problemática de la trata de mujeres y niñas contribuyendo enormemente a la visibilización y desnormalización de esta problemática.
En el desarrollo del Conversatorio el Dr. Luis Armando González Placencia, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, indicó que la pandemia que estamos viviendo ha generado “el traslado de la vida a las redes sociales, con todo lo que eso implica, es decir nos hemos vuelto teleconsumidores, los cuales preocupante”, porque relacionado con la trata de mujeres y niñas lo físico se traslada a lo virtual, “hoy en día no son necesarios los espacios físicos en los que la trata ocurre… sino al contrario existe un mercado que me imagino hoy se habrá potencializado virtualmente”.
La licenciada Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, destacó que “el reto fundamental que tiene el gobierno del estado de Tlaxcala, es que a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado, ahora teniendo presente las actuales condiciones generadas por la pandemia, implemente un Programa educativo para la prevención de la violencia y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el cual debe incluir a toda la comunidad escolar y mecanismos claros para la construcción de una masculinidad no violenta”.
En tanto, la licenciada Laura Padilla Pelcastre, Coordinadora del Área de Igualdad de Género, en representación de Mtro. Florentino Domínguez Ordóñez, Secretario de Educación Pública del estado de Tlaxcala, señaló que “a medida que avanza la pandemia del Covid 19 aumenta su impacto en las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad, sobre todo en contextos socioeconómicos bajos siendo los niños y las niñas con mayor riesgo”, además expresó que parte de los retos que tiene los espacios educativos es: “incidir en la prevención desde un enfoque educativo y promover formas alternativas de ser varón”.
Finalmente, la licenciada Ixchel Yglesias González Báez, del Instituto de Ciencias y Humanidades de la BUAP comentó que “la trata existe para abastecer una demanda globalizada de prostitución, pensarla de esta manera es pensar que la trata es la consecuencia y no la causa. La explotación sexual a nivel mundial genera 35 mil billones de Euros al año”.
A partir de las reflexiones hechas en el Conversatorio antes mencionado, a 40 años de la adopción de la CEDAW y casi 20 años de la firma del Protocolo de Palermo por parte de México, ante el actual contexto de pandemia donde las vulnerabilidades de las mujeres y las niñas se incrementan, frente a una débil aplicación de la política pública contra la trata de personas en el estado de Tlaxcala y a un año de que la administración encabezada por Marco Antonio Mena Rodríguez culmine, el Centro Fray Julián Garcés y las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala, EXIGIMOS:
- a) Que antes de concluir la su administración, el ejecutivo estatal, a través de la Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala, inicie la implementación de un Programa educativo en los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, que prevenga la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines sexuales. Este programa debe incluir mecanismos claros para la construcción de una la masculinidad no violenta.
- b) Que se fortalezcan los mecanismos de protección y atención para las mujeres que deciden denunciar a los tratantes.
- c) A la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Poder Judicial, que fortalezcan los mecanismos para la investigación y sanción a las redes de tratantes de mujeres y niñas, y, en su caso sancionar a las autoridades que sean parte de la favorecer la impunidad o de actos de corrupción.
A los hombres de Tlaxcala y del país entero, les decimos que su demanda de mujeres y niñas para su placer sexual es la causa principal de este mercado de sufrimiento y explotación; les llamamos a iniciar procesos que corten esta demanda y por lo tanto el mercado de explotación sexual de mujeres y niñas.
¡Nos queremos libres de trata!
Atentamente: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Centro de Economía Social Julián Garcés A. C, Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, 1,2,3 Por ti, Por mí y por Todos A.C., Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Comité de Derechos Humanos Luis Munive y Escobar de Atlihuetzian, Comité de Derechos Humanos “Los Jicotes” de Xicohtzinco, Pastoral Social de Xicohtzinco, Comité de Derechos Humanos Nueva Vida a la Luz del Evangelio de San Juan Huactzinco, Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Tlaxcala, Pastoral Social de Teolocholco, Coordinadora por un Atoyac con Vida y Organización Democrática Bases Populares.