Violencia en América Latina reduce el PIB más de un 3.4%
13 de noviembre de 2024
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) alertaron que el crimen y la violencia impide el crecimiento de los países, ya que un aumento de homicidios de 10 por ciento a nivel municipal reduce la actividad económica al 0.4 por ciento. Estos datos corresponden a estadísticas recopiladas en municipios ubicados al lado de la frontera y de las costas, así como en rutas donde se registran los mayores eventos violentos de América Latina y el Caribe (ALC) donde se registran un tercio de los homicidios del mundo, aunque sólo cuentan con 8 por ciento de la población mundial.
De acuerdo al BID, el costo promedio del crimen y la violencia en la región es de 3.44 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que equivale al 78 por ciento del presupuesto de educación pública de ALC y representa el doble del gasto en programas de asistencia social y 12 veces la inversión en investigación y desarrollo.
El crimen y la violencia elevan el costo de la deuda de los países, desalientan la inversión extranjera y reducen la productividad y el crecimiento de las empresas, incluso, llevan a que los negocios cierren y las oportunidades de empleo queden limitadas. Al participar en la conferencia Crimen en Latinoamérica y el impacto para las políticas públicas organizada por el FMI y el Banco Mundial, Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID explicó que el crimen y la violencia perturban sectores económicos específicos como el turismo; afectan la salud de las personas y aumentan el riesgo de angustia mental y conductas de riesgo y violentas.
Mientras que Raphael Espinoza, subjefe en la división de América Central del FMI señaló que es fundamental que los responsables de las políticas aborden la delincuencia violenta y la inseguridad en la región, ya que las pérdidas y el gasto de las empresas ante estos problemas es cercano al 7.0 por ciento de las ventas anuales. Indica que, en México, los costos son cuatro veces más altos para las empresas que denuncian la presencia de delincuencia organizada y tráfico de droga en sus inmediaciones.
