9/07/2018/TLAXCALA
Resultado de la estrategia frontal para combatir el delito de trata de personas implementada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se logró ubicar y rescatar de forma ilesa a una menor de 15 años de edad que era explotada sexualmente en el estado de Puebla.
La acción se derivó de una denuncia anónima en la que hacía referencia que una menor de edad de identidad reservada, conoció a un hombre en el municipio de Teolocholco, quien la obligaba a prostituirse en bares del estado de Puebla; además, pretendía llevarla en contra de su voluntad a San Luis Potosí, para continuar con dicha actividad.
En virtud de lo anterior, oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en el Delito de Trata de Personas, realizaron labores de inteligencia, campo y rastreo de información con el propósito de ubicar a la víctima y al imputado, logrando establecer el paradero de ambos en el municipio de Teolocholco.
Con esta información, el Grupo Especializado se trasladó específicamente a la Primera Sección de la citada demarcación, donde ubicaron a bordo de un vehículo particular al imputado que responde al nombre de Abel N., de 44 años de edad, así como a la afectada, quien reconoció al sujeto como la persona que la obligaba a mantener relaciones sexuales con diferentes personas.
Ante el señalamiento directo, el indiciado fue asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de trata de personas; en tanto, la menor fue trasladada a la Procuraduría de Tlaxcala donde fue asistida por personal especializado brindándole asistencia psicológica, médica, así como trabajo social e integral, entre otros apoyos.
Una vez iniciada la Carpeta de Investigación y tras el análisis de toda la información recabada, se logró establecer la conducta desplegada por el imputado, la cual fue explicada a detalle durante el desahogo de la audiencia inicial, en la que el Juez de Control validó los argumentos de la fiscalía y vinculó a proceso a Abel N., al tiempo que estableció prisión preventiva y cinco meses como plazo de cierre de la investigación.
