Pedro Morales
Durante la realización del Segundo Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, organizaciones civiles exigieron que se detenga la simulación sistemática de los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala y del gobierno federal respecto al saneamiento de la cuenca
Especialistas y afectados se reunieron para dar seguimiento a los compromisos hechos en el Primer Foro, realizado en la ciudad de Tlaxcala, donde presentaron la propuesta comunitaria de saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, en noviembre de 2017.
Este Foro fue convocado por la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, en colaboración con la Pastoral Social, la Pastoral de Derechos Humanos y la Diócesis de Tlaxcala.
En esta ocasión, el Foro tuvo como objetivo convocar a pobladores de las comunidades afectadas por la contaminación de la cuenca, para exigir que se detenga la simulación sistemática de los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala y del gobierno federal respecto al saneamiento de la cuenca.
Primordialmente para exigir que las autoridades del Estado mexicano adopten los puntos de la propuesta comunitaria como base y parte fundamental de un verdadero Plan de Restauración ecológica participativa, que sirva para salvar miles de vidas y mantener la viabilidad del territorio de la cuenca para las generaciones futuras.
Indicaron que la cuenca Atoyac-Zahuapan es una de las más estudiadas del país. A pesar de la existencia, al menos desde 1995, de numerosos estudios oficiales e independientes sobre el deterioro de las condiciones ambientales y de salud, las autoridades no han actuado para revertir la situación propiciando su agravamiento y es por ello, que desde 2011, la Coordinadora por un Atoyac con Vida en coordinación con el centro Fray Julián Garcés decidieron interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación de los derechos humanos.
INSUFICIENCIA RENAL PRINCIPAL EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN
Durante el foro se hizo notar que no es casual que el estado de Tlaxcala sea el primer lugar del país en incidencia de insuficiencia renal, además tan sólo entre 2002 y 2016, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reportó 25 mil 737 muertes de cáncer en las localidades ubicadas dentro de la cuenca Atoyac-Zahuapan, esto es, una persona cada cinco horas, lo que significa que ésta concentra una mortalidad por cáncer 13.5 veces superior a la del conjunto del territorio nacional.
La concentración de grandes industrias en la cuenca Atoyac-Zahuapan de ramas tan disímbolas como la química, la automotriz, la de bebidas, la papelera, la metalmecánica o la textil (8.24 empresas con más de 100 trabajadores por cada 100 mil habitantes) es mayor que la concentración industrial promedio del país (6.57 empresas con más de 100 trabajadores por cada 100 mil habitantes).
Todas ellas vierten no menos de 30 distintos compuestos tóxicos y peligrosos que, además, se combinan con los residuos orgánicos de casi tres millones de personas.
Como parte de los contenidos del 2º Foro Comunitario, informaron sobre el seguimiento que como organizaciones denunciantes, han hecho sobre el cumplimiento de los más de 100 puntos de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, alertamos a la sociedad en general y denunciamos hoy que se está gestando una nueva simulación de saneamiento, a partir de la emisión de un convenio de colaboración interinstitucional, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que de ninguna manera responde a las recomendaciones de la CNDH, así como tampoco a lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Denunciaron que el proyecto de convenio diseñado unilateralmente por la Conagua –el cual no contempla ninguna aportación de la sociedad civil ni de especialistas académicos– repite el agravio que fue denunciado por las organizaciones hace más de 20 años.
Afirmaron que ello supone un crimen doloso contra los afectados ambientales, esta vez, ante la incapacidad y falta de voluntad de la CNDH para hacer comparecer a las autoridades recomendadas por su visible incumplimiento a la Recomendación 10/2017 y la obvia incapacidad de las autoridades recomendadas para ponerse de acuerdo, institucionalmente, para iniciar la reparación de un daño que es ya catastrófico.
PROMESAS INCUMPLIDAS
A este respecto, informaron que “en abril de 2018 fueron notificados por la dirección de la Conagua en Tlaxcala para firmar ese convenio de colaboración interinstitucional, a lo cual nos negamos, porque ni siquiera conocíamos su contenido”.
En respuesta, nos fue enviado el convenio en mayo, conminándonos a notificar la intención de firmarlo, pero sin darnos siquiera la oportunidad de opinar sobre su contenido.
Este proyecto de convenio –que las autoridades han tardado casi un año y medio en redactar– es un documento de 16 páginas, de las cuales, solo cuatro páginas y media constituyen la parte sustantiva de una versión no definitiva, pues la Profepa propuso una cláusula según la cual las autoridades se autoeximen de cualquier responsabilidad si incumplen el convenio. Claramente, este convenio será incapaz de sanear la tercera cuenca más contaminada del país.
En este contexto, denunciaron la dilación en el actuar de la CNDH ya que, hace casi un año que venció el plazo para que las autoridades entablaran un diálogo con las comunidades afectadas para iniciar el proceso de elaboración de un Programa Integral de Saneamiento y la CNDH no se ha pronunciado aún respecto al incumplimiento de la Recomendación 10/2017.
Esta inacción expresa la debilidad estructural del sistema nacional de protección y garantía de los derechos humanos –la cual constituye uno de los pilares de la Arquitectura de la Impunidad, denunciada ya en la Campaña Internacional para detener la Impunidad Corporativa, desde hace más de diez años–, porque impone a los afectados la carga de seguir resistiendo una situación insostenible: la catástrofe ambiental que supone la devastación ambiental y de salud de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
LA OPINIÓN DE LOS INVESTIGADORES
En el marco del 2º Foro Comunitario, participaron también los investigadores universitarios Dra. Regina Montero (del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM), la Mtra. Inés Navarro (del Instituto de Ingeniería de la UNAM), la Dra. Paola Velasco (del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM) y el Dr. Omar Arellano (de la Facultad de Ciencias de la UNAM).
La Dra. Paola Velasco, interpeló a la gente para que no normalice el estado contaminado del río y narró parte de la historia de la cuenca Atoyac-Zahuapan como una zona de recreación y convivencia con un río limpio que permitía llevar a cabo actividades económicas en condiciones justas, por ello, concluyó “la contaminación es una forma de despojo de salud, de la posibilidad de cultivar, de vivir en paz y del agua”.
Por su parte, el Dr. Omar Arellano, afirmó que en el país, el 70% de los ríos están contaminados y el 10% de ellos está severamente dañado (la cuenca Atoyac-Zahuapan pertenece a esta última categoría).
Por todo ello, dijo, “la participación ciudadana es clave para construir sociedades sustentables, porque aunque la gente puede no tener conocimientos técnicos, sí cuenta con saberes locales fundamentales para solucionar el problema de la devastación ambiental”.
En su intervención, la Dra. Montero habló de los resultados de una investigación propia hecha con niños de las comunidades de Tepetitla e Ixtenco, en Tlaxcala, para identificar posible daño genotóxico.
Su investigación reveló que es tal el daño que se ha generado en la salud humana que “la capacidad de excreción de los tóxicos de referencia está disminuida en los niños de Tepetitla.
Esto se asocia con un estado general de oxidación incrementado que se refleja en el aumento de daño genotóxico en comparación con los niños de Ixtenco, en quienes se realizaron los mismos estudios, como población de referencia.
Un estado oxidante elevado y el daño genotóxico se asocian con envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares”.
Los estudios de la Dra. Montero encontraron también un retraso en el crecimiento corporal de los niños de sexo masculino de Tepetitla quienes, en promedio ―aunque eran mayores en edad que los niños de Ixtenco― mostraron un índice de masa corporal promedio inferior.
Los resultados de la investigación de la Dra. Montero (que se suma al enorme cúmulo de evidencias científicas que prueban los impactos negativos de la contaminación del agua de la cuenca Atoyac-Zahuapan en la salud y la vida de la población) son importantes porque muestran que la exposición crónica a niveles bajos de contaminantes tiene un efecto medible en los niños en crecimiento que puede afectar el que se desarrollen plenamente o empiecen con enfermedades crónicas a edades muy tempranas.
Por su parte, el Dr. Arturo Olvera, presidente del Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, señaló que la cuenca Atoyac-Zahuapan debe ser reconocida como una zona de catástrofe ambiental, social y de salud, cuya situación es sólo explicable por décadas de omisión, negligencia, impunidad tolerada y corrupción sistemática de las autoridades responsables de la protección de los derechos de las personas y comunidades de la cuenca.
ACUERDOS DEL FORO
Como parte de los acuerdos asumidos en este 2º Foro, los convocantes anunciaron que presentarán el caso, por segunda vez, en la audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco a partir del 20 de octubre de este año.
El caso fue juzgado por el TLA en 2006 con una sentencia favorable para las comunidades y que fue ignorada por las autoridades del gobierno mexicano.
En esta ocasión acudiremos a denunciar que 13 años después de la sentencia del Tribunal, la situación de afectación al ambiente, la salud y la violación de los derechos no sólo no ha disminuido, sino que, por el contrario, se ha agravado.
Resultado de los compromisos hechos en este Foro, los participantes suscribieron el Manifiesto comunitario por la defensa de la vida y el medio ambiente en la cuenca Atoyac-Zahuapan, en el que plantearon que la depredación de la cuenca es resultado de una práctica económica del Estado que privilegia los intereses de lucro de las empresas industriales por encima de los derechos de la población, que es a la que se supone debe proteger.
En el manifiesto, las organizaciones llamamron a la población a organizarse en torno a cinco principios fundamentales: el respeto a la autonomía de las luchas, el apoyo mutuo, la defensa del interés común, la toma de decisiones colectiva y la búsqueda de justicia, no de indemnizaciones económicas.
En su conclusión, el Manifiesto comunitario, señala
Queremos un saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan, un saneamiento que incluya nuestras demandas, nuestras propuestas y posibilite que recuperemos la salud y la tranquilidad.
Queremos que las autoridades dediquen sus esfuerzos y los recursos públicos para garantizar la protección y el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, individuales y colectivos, no para proteger el interés privado que lucra con nuestra enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos.
Queremos que nuestra cuenca sea, nuevamente, territorio donde florezca la esperanza, la cultura comunitaria y la solidaridad que es alimentada por la vivencia de un territorio que favorece la vida y garantiza la justicia para quienes vivimos de él y para quienes nos sucederán en la lucha y la alegría de compartir nuestros anhelos.
Las organizaciones y los participantes en el Segundo Foro Comunitario, reiteramos nuestro rechazo total a la simulación de Estado que pretende realizar el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, a través de la Conagua, mediante la imposición de un espurio Convenio de Colaboración Interinstitucional en la cuenca Atoyac-Zahuapan, que no recoge ninguna de las exigencias planteadas públicamente por las comunidades afectadas en la Propuesta comunitaria de saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades y que abiertamente viola los puntos recomendatorios formulados por la CNDH en la Recomendación 10/2017, de marzo de 2017.
Además, mantenemos nuestra exigencia de que se forme un grupo interinstitucional de trabajo para diseñar e implementar un plan de saneamiento con la participación de los pueblos.
Exigimos a la CNDH que utilice sus facultades legales para solicitar al Senado de la República para que haga comparecer a las autoridades omisas y expliquen las causas de su incumplimiento. Desde que se emitió la Recomendación de la CNDH en marzo de 2017 han fallecido más de dos mil personas. Cada día que pasa, la situación se agrava y la población de la cuenca paga con su vida y su salud el precio de este crimen de Estado.
Denunciamos la complicidad de los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla para continuar con la simulación y la impunidad al destinar presupuestos y hacer acciones de manera aislada que no resuelven la problemática sin propiciar siquiera la conformación del grupo interinstitucional para el diseño de un plan de saneamiento en el que se asegure la participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones.
No claudicamos en nuestra exigencia de que la Propuesta Comunitaria de Saneamiento sea tomada en cuenta para la elaboración del Plan Integral de Saneamiento.
Reiteramos que sin la participación de las comunidades, no puede haber reparación del daño.
¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
Coordinadora por un Atoyac con Vida
Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos
Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C.
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.
Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala
Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala
