CDMX.- 31/10/2018
Mientras el diputado mexiquense, Marlon Martínez, advirtió que con la cancelación de las obras del aeropuerto en Texcoco se echaron a la basura los mil millones de dólares al año que se pudieron generar con la megaobra, el legislador Max Agustín Correa afirmó que ese proyecto iba contra el proceso de descentralización de la ciudad y se manifestó por acatar el resultado de la consulta para desarrollar un sistema aeroportuario reforzando el de la Ciudad de México y Toluca, además de optimizar las condiciones para la alternativa de Santa Lucía.
Tras el anuncio del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que se respetará la opinión ciudadana expresada en la consulta para conocer el futuro del nuevo aeropuerto, legisladores del Estado de México externaron posiciones encontradas en torno a esta decisión.
En entrevista, el representante popular del PRI, Marlon Martínez, dijo que el 70 por ciento de la inversión para la construcción de la terminal aérea en terrenos de Texcoco ha sido de origen privado, y que además, la obra en plena operación garantizaba una contribución al crecimiento del 3.5 por ciento adicional al Producto Interno Bruto, lo que habría dejado a México como la puerta logística de América del Norte.
Agregó que con la decisión de López Obrador se echan a la basura alrededor de 160 mil nuevos empleos, pues siempre fue la cifra que se mencionó en la etapa de construcción, más otro medio millón para la operación final. Además, dijo, quedan en el limbo unas 17 obras de conectividad, con una inversión de 41 mil millones de pesos.
Al respecto, el diputado de Morena, Juan Pablo Villagómez Sánchez, cuestionó a los detractores de la decisión de que el aeropuerto se construya en Santa Lucía, en hecho de que frente a los temas de los sobreprecios simplemente se queden calladitos.
Hizo alusión a que el presupuesto inicial de la obra en Texcoco era de 169 mil millones de pesos y que posteriormente se disparó en 240 mil millones de pesos. Citó como ejemplo el sobreprecio de 89 por ciento de una barda perimetral construida por la Secretaría de la Defensa Nacional, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que pasó de un costo de mil 547 millones a dos mil 930 millones de pesos, dijo.
Finalmente, la legisladora del PRI, Iveth Bernal Casique preguntó si la encuesta sobre el aeropuerto fue legal y si se garantizó la protección de los datos personales de los participantes, además señaló que su partido no teme a las expresiones de participación ciudadana y que habría que modificar la Constitución Política del país para incluir las consultas
