TLAXCALA/8 /05/2019
Con la conferencia “Nulidades Procesales y Pruebas en el Proceso Penal” a cargo del Doctor Rodrigo Antonio Rivera Morales, operadores del Sistema de Justicia Penal fortalecieron sus conocimientos para un óptimo desempeño de sus labores en favor de una procuración e impartición de justicia eficaz.
A través de la colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Comisión Estatal de Seguridad Pública, (CES), la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) y la Secretaría de Gobierno (Segob), se logró impartir esta plática que refrenda el compromiso de sumar esfuerzos para mantener a la entidad entre los estados con menor índice delictivo.
Durante el evento al que asistieron directores de seguridad pública municipal, diversas barras de abogados y funcionarios del sistema de seguridad estatal y federal, Rivera Morales, reconocido académico venezolano, compartió los conocimientos de las actividades procesales en el Sistema Penal.
El especialista habló sobre los medios de prueba, los actos de investigación y su control que se revisan en una etapa preliminar y en la etapa del juzgamiento, entre otros temas que permitieron a los asistentes enriquecer su contexto académico para aplicarlo en su labor diaria.
Al respecto, el titular de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sostuvo que gracias al trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de seguridad, las policías estatales y municipales han incrementado el número de carpetas de investigación judicializadas.
“Son ellos el primer eslabón para llevar a cabo un proceso penal transparente, ya que se ha demostrado que actualmente hay un avance en el número de audiencias celebradas” acotó.
Aquiahuatl Sánchez se pronunció por continuar realizando este tipo de eventos que coadyuvan a fortalecer el desempeño de los operadores del sistema acusatorio.
En su oportunidad, el Secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, sostuvo que es necesario la coordinación entre todos y cada uno de las instituciones de seguridad, “a fin de que todos manejen un mismo lenguaje para la atención de los diferentes delitos y sólo así, a través de la coordinación entre el actuar cotidiano de los servidores públicos se lograrán resultados favorables en la procuración de justicia”.
