Pedro Morales
Han transcurrido más de doce años y los ejidatarios de San José Buenavista, del municipio de Tlaxco, se sienten defraudados por la palabra incumplida del ex presidente Enrique Peña Nieto, porque es la hora en que no se ha construido la refinería y menos el Centro Logístico e industrial Puerto Interior Tlaxcala.
Los antecedentes históricos indican que el gobierno les fue comprando sus tierras a precio de un refresco, entre 15 y 25 pesos el metro cuadrado, bajo la promesa de que en este lugar se construiría inicialmente “una refinería para Pemex”.
La propuesta y el ofrecimiento presidencial surgió durante la administración de Felipe Calderón y se prolongó durante la administración de Enrique Peña Nieto, incluso en conferencia de prensa en la Ciudad de México altos funcionarios de Pemex, dieron a conocer ante la prensa nacional los pormenores de la supuesta refinería y su posible ubicación que estaba entre Tlaxcala o Hidalgo.
Transcurrió el tiempo, nada cuajó y en Tlaxcala vino la administración de Mariano González Zarur, quien cambió la “refinería” por un “Puerto Seco”, para aprovechar la aduana que se tiene en la zona, pero solamente a los ejidatarios los siguieron despojando de su tierra.
El mega proyecto contemplaba la construcción de 2 mil 820.5 hectáreas, divididos en recintos fiscalizados estratégicos (354 hectáreas), aduana interior multimodal (39 hectáreas), zona de negocios y servicios (135 hectáreas), turismo (350), 2 parques industriales (590 hectáreas), terminal Granelera (34.5 hectáreas), terminal de carga multimodal (82 hectáreas), zona de habitación (1000 hectáreas), aeropuerto (161 hectáreas) y Abasto, salud y educación (75 hectáreas).
Este proyecto contemplaría un gasto aproximado de 30 mil millones de dólares, con miras a iniciarse en 2015, pero aún sin fecha estimada para su entrega, por lo que habitantes de los ejidos afectados han buscado reunirse con funcionarios de la Sedatu y con el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, a fin de poder reevaluar la situación y así, no tener que abandonar sus tierras, ya que estas forman parte de su fuente de trabajo y este proyecto, los excluye desde su inicio de los beneficios del desarrollo que genera al querer humillarlos con un pago indigno e injusto de la tierra”, detalla el punto de acuerdo en San Lázaro.
Ante esta situación en su oportunidad, el Congreso Agrario Permanente (CAP), prometió, (sin cumplir), investigar el destino que tendría la expropiación presidencial de las tierras que desde el sexenio anterior se inició en el ejido de Buenavista, del municipio de Tlaxco y que se concretó con la visita de ex la titular de Sedesol, Rosario Robles.
José Isabel Juárez Torres, reconoció que el CAP carecía de información al respecto, sin embargo, dijo que se abriría una investigación, incluso con la recepción de las demandas de los ejidatarios que se encuentren en el supuesto acaparamiento de los gobiernos federal y estatal de las tierras, ubicadas en la zona de Buenavista y Atlangatepec.
“Seguramente, esa compra del ejido, fue para especular con la tierra y para afectar a los campesinos, porque es la hora en que se sabe que la refinería se construiría en Hidalgo y del puerto seco, no se sabe, ni se supo nada”, comentó.
Reiteró que el CAP buscará como aclarar esta situación, para saber si se indemnizó a la gente, si la tierra ya no está cultivada y lo importante es que si la compra no fue de utilidad pública, entonces que las parcelas se las restituyan a sus legítimos propietarios.
SILENCIO DE DOS SEXENIOS
Mientras esto ocurre, un silencio sospechoso ha cumplido ya doce años, al menos 600 de las supuestas 700 hectáreas que compró inicialmente a precio de monte la administración, es la hora en que no se sabe en manos de quien quedaron.
“A final de cuentas y con la complicidad de la Sedatu-Tlaxcala, se sabe que son mil 200 hectáreas las expropiadas y pagadas algunas de ellas a precios de un refresco, es decir a 25 pesos el metro cuadrado”, denunciaron los ejidatarios de Buenavista.
Los Ejidatarios precisaron que se cansaron de denunciar que, bajo presiones y amenazas, a través de la Secoduvi, estatal en su momento, se pretendía adquirir una superficie de 700 hectáreas de tierras agrícolas a precios muy baratos para impulsar diversos proyectos de infraestructura, entre ellos el Puerto Interior Seco.
En la casa ejidal de Buenavista, los hombres del campo señalaron que en esas tierras que colindan con ejidos de Atlangatepec, donde también se planeaba instalar un aeropuerto de carga y descarga en el sitio que actualmente ocupa la aduana federal, donde se realizaron ofertas de 50 mil pesos por hectárea, precio por debajo de su costo, ya que ellos cotizan esa misma superficie en un millón de pesos.
Lo peor, dijeron, es que existen presuntas amenazas por parte de un sujeto de nombre José Luis Rojas Mejía, ex representante de la Secoduvi, quien advirtió que “si no aceptaban ese precio, sus tierras les podrían ser expropiadas”.
Representados por Celso González Morales y Pedro Guevara Muñoz, excomisario ejidal y presidente del consejo de vigilancia del ejido de José María Morelos, en la comunidad de Buenavista, Tlaxco, los afectados dijeron estar dispuestos a defender su patrimonio; incluso a iniciar una resistencia civil
«No seremos los de Atenco, pero estamos dispuestos a hacer un movimiento parecido si nos quieren quitar nuestras tierras. Vamos a defenderlas con lo que tenemos, con la hoz y las guadañas… lo que en este momento pedimos es un pago justo”, expresó Pedro Guevara.
El presidente del comité de vigilancia del comisariado ejidal calificó de injusto el pago de 50 mil pesos que el gobierno estatal ofreció; no obstante, abrió la posibilidad de una negociación, ya que «nosotros tampoco estamos cerrados a no vender las tierras, ni es el último precio».
Dijo que tras sostener una asamblea con los integrantes del comisariado ejidal, no existe negativa de vender las tierras; sólo que todos exigen un precio justo y apegado a la realidad.
«Si no hay un justo pago, habrá resistencia, porque no nos prestaremos a las amenazas… nos han querido intimidar con que podrían expropiar, pero esperaremos la respuesta que nos den».
Detalló que entre los ejidos que personal de la Secoduvi y agentes de Gobernación han visitado para la adquisición de tierras se encuentran los de San Fernando, Benito Juárez-Tezoyo, Villalta, San Pedro Ecatepec, San José Tepeyahualco y La Magdalena Soltepec, de los municipios de Atlangatepec, Tlaxco y Hueyotlipan.
«Estamos hablando de 600 hectáreas, y así sucesivamente. Lo que pasa es que eligieron qué ejido les dejaba más barato o quien se deja más», concluyó.
Dijeron que a nivel federal en el gobierno de AMLO, se han tirado cortinas de humo, que si los pleitos políticos, que si los liberales, que si los funcionarios corruptos, que si los videos, los despidos de gente y los recortes presupuestales, pero de estas tierras nadie se acuerda.
Los ex dueños de la tierra sospechan que ya se las repartieron, para reponer lo que les quitaron en su momento los revolucionarios, tal vez algunas prominentes familias ya tienen sus hectáreas listas para cuando se acaben los pleitos.
LOS DECRETOS DE XPROPIACIÓN
Solo faltaba que el expresidente Peña Nieto, emitiera dos decretos más, correspondientes a las comunidades de Buenavista y San Lorenzo, municipio de Tlaxco, para la construcción del Centro Logístico e industrial Puerto Interior Tlaxcala.
El 30 de diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el primero de estos mandatos, por medio del cual el gobierno tlaxcalteca tendrá que pagar la cantidad de 12 millones 890 mil 125 pesos a ejidatarios de La Magdalena Soltepec, Tlaxco.
Lo anterior, por la expropiación de “62–16–21 y 587 hectáreas de terreno”, donde se construirá el Centro Lógico Industrial “Puerto Interior de Tlaxcala” y por cada una se otorgarán 208 mil 967. 23 pesos.
Algunos propietarios de los terrenos de Buenavista, donde se instalará el llamado Puerto Seco, informaron que en diciembre de 2013 ya se había emitido el decreto de expropiación respectivo.
Sin embargo, denunciaron que habían sido intimidados con el uso de la fuerza pública para ceder sus terrenos a este proyecto. Asimismo, demandaron un “pago justo” por sus tierras, ya que consideraron que les ofrecían “una bagatela… –indicaron- que cuesta más una coca (cola) que una tierra”.
A final de cuentas, ya se acabó el sexenio de Peña Nieto y a dos años del gobierno de la 4-T, es la hora en que los ejidatarios no ven surgir, la famosa refinería, menos el Centro Logístico e industrial Puerto Interior Tlaxcala, por el contrario, nadie les dice nada.
Autoridades ejidales reportan con preocupación que se habla de construir un complejo turístico y comercial, que incluiría tierras del exgobernador González Zarur.
Pero lo que más les preocupa es la presencia de extranjeros -hasta chinos- que en helicópteros sobrevuelan la zona y temen que además de que el expresidente Peña Nieto no les cumplió su compromiso, ahora pretendan desaparecer sus pueblos.
Consideraron que a estas alturas, lo único que piden es la certeza en su propiedad, una vez desaparecido el ejido pasa a ser pequeña propiedad y las tierras que cedieron a bajo costo no han sido utilizadas para beneficio de la colectividad.
Los ejidatarios de la región de “La Barca de la Fe” sostuvieron que legalmente se apegarán a lo que mandata la ley, en caso de la reversión de la expropiación ya que han transcurrido más de 12 años sin la realización de los proyectos.
Por lo tanto se apegarán estrictamente a lo que mandata la norma que dice: “es el derecho legalmente reconocido al expropiado a recuperar los bienes objeto de la expropiación si la Administración no destina los bienes al fin que justificó la expropiación, o, entre otras circunstancias, sobrara parte de los mismos. … 63-70 ,Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa”, concluyeron.
