CDMX.- 22 de noviembre de 2017
Las autoridades de Coahuila conocían que el cártel de Los Zetas usaba instalaciones públicas como la cárcel del municipio Piedras Negras para acometer asesinatos, torturas y otras actividades criminales, reveló hoy un informe.
“Lo que ocurría en ese penal era un campo de exterminio subsidiado por el estado a solo 6 kilómetros de la frontera con EU”, explicó Jacobo Dayán, uno de los autores de “El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, presentado hoy en la Ciudad de México y que señala la “responsabilidad por acción u omisión” de funcionarios estatales en esos crímenes.
Los hechos se remontan a 2010, cuando la cárcel mencionada se encontraba bajo el control total de Los Zetas, que sometían al resto de presos a su voluntad, decidían horarios de visita, comerciaban con droga, reclutaban sicarios y salían de la prisión cuando así lo deseaban.
“Quienes violaban sus normas eran torturados en la zona de máxima seguridad del penal”, aseguró Dayán, quien afirmó que tanto reclusos como habitantes de las zonas aledañas eran asesinados y quemados dentro de la cárcel o en instalaciones públicas cercanas como un basurero municipal o un campo de fútbol.
Otro de los autores del informe, Sergio Aguayo, aseguró que el Gobierno de Coahuila, “protegía la prisión y no dejaba entrar al Gobierno federal sin el permiso del director del centro, que era nombrado por Los Zetas”.
Asimismo, el informe investiga la ola de violencia desatada por los Zetas en Piedras Negras, Allende y otros municipios del norte de Coahuila entre el 18 y el 21 de marzo de 2011, que se cobró la vida de decenas de personas -no existen cifras oficiales- y fue silenciada por las autoridades del estado.
Según la investigación, Estados Unidos tuvo responsabilidad en esta ola de violencia puesto que alguien del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó a la cúpula de Los Zetas que habían sido delatados por un lugarteniente de Coahuila.
