CDMX.- 19 de diciembre de 2017
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó una serie de recomendaciones a la Gobernadora de Sonora, el alcalde de Hermosillo, al fiscal general y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a instituciones de salud debido a violaciones graves cometidas en contra de menores de edad durante procesos de adopción entre el 2009 y 2015.
De acuerdo a un comunicado de la CNDH, se emitió la Recomendación 9VG/2017 derivado del tráfico de diversos infantes cometido en el Estado de Sonora durante el periodo señalado, se encontraron anomalías e impresiones en las acciones realizadas por parte de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el DIF Sonora, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el IMSS y la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Hermosillo.
A la gobernadora, Claudia Pavlovich, se le externaron recomendaciones relacionadas para que el DIF Estatal, con la participación del Comité de Protección del Menor y la Familia, integre un grupo interdisciplinario que analicen los cuadros de 22 menores de edad, que fueron separados de su familia de origen; así como de los casos en los que se determine un trámite indebido en la adopción y en los 682 infantes sin documentación para acreditar su destino final.
Posteriormente, en un término no mayor de seis meses, se elaboren planes individualizados de restitución de derechos de 9 menores de edad que fueron separados de sus familias de origen.
Y en menos de seis meses deberán realizarse las acciones necesarias para determinar la situación de 13 infantes, que fueron separados de su familia de origen; de 3 menores de edad, que fueron sustraídos por sus padres biológicos y de los 682 menores de edad de quienes el DIF Estatal no remitió la documentación para acreditar su paradero.
Al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social se le pide colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que inicien la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Interno de Control en el IMSS, respectivamente, en contra del servidor público que expidió los certificados de nacimiento de 23 infantes, con datos falsos de la identidad de sus madres biológicas.
En el caso del Fiscal General del Estado de Sonora se le recomienda integrar a la brevedad la averiguación previa iniciada con motivo de la suposición, supresión y tráfico de un infante y se ejerza acción penal en contra de los presuntos responsables.
Además de que inicie la investigación correspondiente en contra de los servidores públicos del DIF Estatal, de la entonces Procuraduría del Menor y de la casa hogar UNACARI que resulten responsables, por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas menores de edad.
